“Esta fue una decisión que se postergó por muchos años porque era difícil, pero creo que se sabrá valorar que la tomamos en tiempo y de acuerdo a lo que habíamos prometido”. Con estas palabras el ministro de Energía, Máximo Pacheco, se refirió al pronunciamiento en que ayer el Comité de Ministros rechazó el proyecto HidroAysén.
Según aclaró el secretario de Estado esta decisión no puede ser vista como un veto a la construcción de centrales hidroeléctricas de embalse o de mayor capacidad en la Región de Aysén.
“En la mañana sólo hablamos de este proyecto, no fue una discusión sobre la política energética ni sobre si usar o no usar los recursos hídricos de Aysén, sino que la discusión fue para calificar un proyecto, que en nuestra opinión -y en la mía personal- tiene aspectos que fueron poco o insuficientemente pensados”, dijo.
Agregó que en esa región la necesidad de contar con más energía eléctrica es enorme y que la falta de estos recursos y el alto precio de aquellos disponibles ha frenado su potencial de crecimiento e industrialización, algo que deberían tener presente los desarrolladores de proyectos que son los privados. “Ellos tendrán que velar porque sus iniciativas consideren este factor y además que cumplir con la normativa de la ley ambiental y el respeto a las comunidades”.
Fue categórico en que el gobierno apoyará el desarrollo de proyectos de energía eléctrica basados en los recursos hídricos y, “vamos a apoyar el uso de los recursos hídricos para generar electricidad y eso es una política de Estado”.
Institucionalidad ambiental
El titular de Energía añadió que este dictamen debe ser considerado como un espaldarazo a la institucionalidad ambiental, que la legitima frente al debilitamiento que ésta sufrió en los últimos años y en ningún caso debería mermar el interés de otros inversionistas.
Lo anterior, dijo Pacheco, porque la señal que ayer entregó el gobierno es clara y refleja el compromiso de continuar fortaleciendo la institucionalidad ambiental y también que las reglas del juego se respetan, no sólo por el sector privado, sino que también por parte del Estado.
Pacheco también defendió los argumentos que sirvieron de base para invalidar el permiso ambiental de esta iniciativa, ligada a Endesa Chile y Colbún, pues el comité -dijo- es la última instancia administrativa de la evaluación ambiental.
Precisamente, esto explicaría que ahora los ministros hayan encontrado falencias o insuficiencias del proyecto, que no fueron advertidas en la tramitación regional, que se extendió por casi tres años hasta 2011 cuando la iniciativa recibió la autorización.
“Con todo el poder que emana de la institucionalidad ambiental estimamos que este proyecto debía ser rechazado (...) Creo que tiene aspectos muy importantes que están poco o insuficientemente pensados, pero, por sobre todo, en mi opinión como ministro de Energía, este proyecto está mal ejecutado, no se puede hoy en nuestro país ejecutar proyectos como éste sin pensar en la gente a quienes se impacta”, aseguró el titular de Energía.
Para lograrlo, precisó, la evaluación debe recoger el conjunto de implicancias de los proyectos.
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