Comuna por comuna, el gobierno negociará para destrabar la construcción del principal proyecto de transmisión del país, que reforzará el Sistema Interconectado Central (SIC) desde Santiago al norte y que hoy enfrenta la oposición de alcaldes y comunidades.
Así lo anunció el ministro de Energía, Máximo Pacheco, quien sostuvo que a partir del fin de semana liderará las conversaciones que se realizarán en mesas de trabajo integradas por la autoridad energética, alcaldes y representantes de las comunidades por las que pasa el tendido eléctrico que unirá las subestaciones Polpaico (al norte de Santiago) y Cardones, en el límite de las regiones de Atacama y Antofagasta.
Ayer, el secretario de Estado se reunió con los senadores Lily Pérez e Ignacio Walker; los diputados Rodrigo Gonzalez, Andrea Molina y Cristián Urizar; y los ediles de Limache, Olmué, Quilpué y Zapallar para tratar el tema.
"Hubo un dialogo constructivo con los alcaldes, donde todos entienden que el proyecto de Polpaico-Cardones es estratégico para Chile, que lo requerimos porque necesitamos traer energía limpia y barata del norte hacia el sur. Es un proyecto que tiene un enorme valor social, nos ayudará a traer más competencia, porque la falta de líneas de transmisión es una barrera de entrada", dijo Pacheco.
El proyecto, adjudicado en licitación a la colombiana ISA, a través de su filial InterChile SA, contempla la construcción de una línea de 750 kilómetros de extensión en 500 Kv, con una inversión estimada en US$ 1.000 millones, y cruzará veinte municipios en cuatro regiones.
Las mesas de trabajo comenzarán este fin de semana y analizarán trazados alternativos en algunos sectores, principalmente en la Región de Valparaíso, donde las comunidades han manifestado su rechazo al tendido por sus impactos en las actividades agrícolas, turísticas y comerciales de la zona.
"Acordamos que voy a presidir personalmente las mesas de trabajo donde comuna por comuna revisaremos las propuestas para ir mejorando el trazado. Ya es definitivo que la línea no pasará por el embalse La Paloma. El trazado se mantiene, lo que sí es que le vamos a hacer algunos ajustes que recojan las preocupaciones que han expresado los alcaldes", dijo el titular de Energía.
Uno de los compromisos anunciados en junio por la presidenta Bachelet, en el marco de la cena de la energía, fue el adelantar en un año, a 2017, la entrada en operaciones del mencionado tendido, para que coincida con la puesta en marcha de la interconexión entre los sistemas interconectados central y del Norte Grande (Sing), contribuyendo a la descongestión del tránsito eléctrico. En enero, el gobierno dará a conocer el resultado de un estudio encargado a la canadiense Manitoba Hydro Internacional respecto del tema.
"Este proyecto fue licitado, adjudicado, y es fundamental para que se pueda traer energía limpia de nuevos actores y que de esa manera podamos reducir las cuentas de la luz", dijo la autoridad.
Actualmente, la iniciativa se encuentra en proceso de evaluación ambiental y a mediados de octubre el Servicio de Evaluación ambiental (SEA) extendió hasta el 12 de enero de 2015 el plazo para que la firma responda a las consultas formuladas en el Informe de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones (Icsara) sobre el Estudio de Impacto Ambiental, que fue evacuado en junio, y donde la autoridad realizó más de 250 observaciones a la iniciativa.
Gobierno aún analiza nueva normativa para gas
Aún no hay humo blanco para el proyecto de ley que modificará la actual normativa que rige a la industria de distribución de gas por redes.
Pese a que fue anunciado para la primera semana de diciembre, el proyecto de ley entraría al parlamento recién hacia fines de este mes.
"El proyecto va a ser enviado al parlamento durante el mes de diciembre", dijo el ministro de Energía, Máximo Pacheco.
La iniciativa legal está siendo trabajada por los equipos legales del ministerio y la Comisión Nacional de Energía (CNE).
El proyecto fue anunciado por el secretario de Estado a mediados de noviembre, luego que la autoridad decidió no recurrir al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para solicitarle que regulara las tarifas de Metrogas, al considerar que no tenía herramientas para poder llevar a cabo dicho procedimiento y luego de que el chequeo de rentabilidad realizado por la CNE determinó que la distribuidora había sobrepasado la rentabilidad legal de 11% en 2012 y 2013, con 11,4% y 16,9%, respectivamente.
El proyecto de ley contempla reducir la tasa de rentabilidad desde el actual 11% a un 9%, fijando una tasa de costo de capital de 6%; la fijación de normas expresas para la tarificación, sin que se deba recurrir al TDLC; el congelamiento de las tarifas mientras dura el proceso y mecanismos que permitan la devolución a los clientes de los excesos cobrados por las empresas. Además, la resolución de controversias quedará radicada en el Panel de Expertos.
El chequeo de rentabilidad se hará en tres años móviles y también se introducirán mecanismos para la apertura de redes.
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