El ministro del Interior insistió en que la provisión del suministro eléctrico es de los privados y criticó la insistencia en responsabilizar al Ejecutivo.
Tras días intensos de cuestionamientos en el Congreso por el masivo corte de electricidad del 25 de febrero, el Gobierno resumió este lunes en la sesión especial de la Cámara de Diputados lo que se sabe hasta el momento del apagón, a partir de lo informado por el Coordinador Eléctrico, pero también se dio espacio para la reflexión. Esto, tras las críticas de diputados que apuntaron principalmente al Gobierno y al organismo que supervisa la operación del sistema.
En su intervención, el ministro de Energía, Diego Pardow, señaló que el sistema cuenta con un plan de defensa frente a contingencias extremas cuyo último informe final data de junio de 2024. Y que el sistema contempla un pago de cerca de US$ 12 millones anuales por servicios complementarios. De ellos, unos US$ 3,3 millones corresponden al plan mencionado.En esa línea, también abordó el plan de recuperación del servicio cuya última versión es de mayo de 2024.
En ambos casos, se tomó el tiempo de detallar la cantidad de observaciones recibidas por estos planes, porque –según aseguró- “no podemos admitir es que con posterioridad a la ocurrencia de estos hechos y habiendo tenido todas las empresas la oportunidad de observar estos planes, hoy se desconozca que existen”.
Y enfatizó: “Es lógico que los estándares mostrados al momento del apagón no sean admisibles. No es el servicio por el cual todos los chilenos estamos pagando y remunerando”.
Reconoció que se puede discutir si es que alguno de los planes, que son instrumentos privados, deberían ser instrumentos públicos y ser sancionados por un decreto supremo y contar con la participación de, por ejemplo, Senapred, las autoridades de Defensa o el propio Ministerio, pero hoy –advirtió- no es así.
Pardow citó un extracto de una columna del 2 de marzo del extitular de su cartera, Juan Carlos Jobet, el que indicó que hay que evitar las conclusiones apresuradas. El actual timonel de Energía llamó a la Corporación “a que miremos con altura de mira la crisis. Habrá, por cierto, una oportunidad de sacar aprendizajes, pero para eso primero es necesario tener evidencia. Esta no es una materia con la cual podamos jugar. Somos todos dependientes de la energía eléctrica y lo que necesitamos es aproximar este tema con la mayor seriedad posible”.
En transmisión, adelantó que la línea Charrúa-Chillán empezará su construcción en junio.
“La reacción fue inmediata”
En la cita, el titular de Interior, Álvaro Elizalde, lanzó: “La reacción de las autoridades fue inmediata”.
También hizo una reflexión más de fondo: “Hay quienes creen que aquí la tarea consiste en criticar lo que hace el Gobierno y de manera indirecta lo que hace el Estado. Aquí lo que se requiere es algo más sustantivo, que consiste en reflexionar lo que pasó, tomar las conclusiones del caso, esperar las investigaciones que van a determinar las responsabilidades correspondientes. Asumir que en Chile la provisión del servicio eléctrico es de los privados. Que tienen que cumplir con el marco normativo vigente. Y, por cierto, establecer todos los espacios de mejora para tomar resguardos”.
“La primera responsabilidad es de las empresas para cumplir con el marco normativo vigente y por tanto, otorgar la provisión del servicio de electricidad como corresponde”, añadió.
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