Una completa reingeniería al Ministerio de Energía llevará a cabo el Ejecutivo, y para ello creará nuevas divisiones y aumentará su dotación de personal, entre otras cosas.
El cambio busca preparar a la cartera para enfrentar mejor el trabajo que demandará en los próximos cuatro años aplicar y cumplir las metas de la Agenda de Energía.
El cambio en la estructura del ministerio es el primero de los proyectos que contiene el plan que el gobierno reveló en mayo, que entra a trámite parlamentario.
La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados el 30 de junio para su primer trámite constitucional, y la semana pasada se le dio suma urgencia. Actualmente se encuentra en las comisiones de Energía y Minería y Hacienda.
En líneas gruesas, el proyecto de ley busca reforzar la estructura institucional del ministerio, creando secretarias regionales ministeriales (seremis) en nueve regiones, lo que le permitirá abarcar todo el territorio; aumentar la dotación de personal y crear nuevas unidades y divisiones dentro del organismo, que tendrán tareas específicas ya consideradas en el diseño de la agenda energética.
Fuentes de gobierno señalan que el Ejecutivo espera un trámite legislativo rápido para la iniciativa -el ministro Máximo Pacheco ya ha acudido al congreso para explicar su contenido a los parlamentarios-, y que éste estaría listo para convertirse en ley a fines de agosto.
Mayores conflictos
Una de las motivaciones del gobierno para reformar la estructura de la cartera es la creciente “complejidad” del sector energético y la necesidad de que la institución se adecúe a la nueva realidad, y así lo hace ver en el mensaje del proyecto de ley.
“En los años transcurridos desde la creación del Ministerio de Energía, se ha observado un amplio desarrollo del sector, sumado a un significativo aumento en el número y complejidad de los conflictos asociados a materias energéticas (…) así como un creciente interés de las comunidades y empresas de participar en el desarrollo de las políticas del sector, entre otros desafíos”, señala.
Nuevas divisiones
Tal como se planteó en la agenda, la primera medida del gobierno para reforzar los equipos del ministerio será la creación de seremis en todas las regiones.
Hoy hay seis secretarios regionales ministeriales -los que se ocupan de “macrozonas”- y el proyecto propone aumentarlos a quince para cubrir cada una de las regiones del país. El argumento es que el diseño original del rol de los seremis -participación en evaluaciones ambientales y programas de eficiencia energética y electrificación rural- ha sido superado con creces por la realidad actual, y por la necesidad de que coordinen a nivel local las políticas sobre ordenamiento territorial.
El proyecto también se hace cargo del nuevo foco que ha intentado darle Pacheco a la cartera -la participación ciudadana y relación con las comunidades- y crea la División de Participación y Diálogo, la que se sumará a las otra siete existentes.
Hoy ésta unidad está a cargo de Javier Zulueta y depende directamente de Pacheco.
“Se busca consagrar en la ley del Ministerio la participación y diálogo ciudadano, así como generar la posibilidad de crear nuevas divisiones funcionales al interior de la organización del Ministerio, lo que permitirá abordar de manera adecuada las nuevas necesidades del sector”, señala el proyecto.
Asimismo también se crearán las unidades de coordinación regulatoria; de estadísticas energéticas y seguimiento de mercados; y de gestión de proyectos, y se autorizará a que funcionarios a contrata ejerzan cargos directivos en la entidad, cuestión que hoy no es posible.
La ampliación de facultades del ministerio también traerá aparejado un incremento en la planta de funcionarios. Según el informe económico enviado por la dirección de presupuestos, serán 60 las plazas extras consideradas en el nuevo diseño, la mayor parte de ellas relacionadas a la instalación de los nuevos seremis.
Esto demandará recursos por unos US$ 3 millones al erario nacional una vez en régimen.
La rebaja de sueldos a Panel de expertos
Uno de los últimos proyectos de ley ingresado al parlamento por la administración Piñera establecía una rebaja en los sueldos de los integrantes del Panel de Expertos, órgano que dirime las discrepancias entre las empresas del sector. El objetivo era equiparar la remuneración con los niveles de la administración pública. Hoy, los miembros de esta instancia reciben mensualmente 320 UTM, unos $ 13,4 millones, mientras que el secretario abogado del organismo 120 UTM ($ 5 millones).
Esta remuneración es parte del presupuesto de la entidad el cual es cubierto, a prorrata de su capacidad, por el cojunto de las empresas del sector. El proyecto fijaba que el presidente del panel recibiría 150 UTM ($ 6,3 millones) más 25 UTM por cada sesión, con un tope de 300 UTM ($ 12,6 millones). Los integrantes recibirían 100 UTM ($ 4,2 millones), con un tope de 200 UTM y el secretario 150 UTM. A fines de mayo el gobierno retiró el proyecto del Congreso, posponiendo la rebaja.
El trabajo con las comunidades
El trabajo de diálogo con las comunidades está cruzado por la conflictividad que ha alcanzado el sector energético por la oposición a los proyectos de generación y transmisión. Uno de los que enfrenta mayores problemas hoy es el proyecto para reforzar el tendido eléctrico entre Polpaico y Cardones. Con un costo de US$ 1.000 millones, la línea de la colombiana ISA, atraviesa 20 comunas en cuatro regiones, y ha desatado una fuerte oposición en el valle de Limache, donde acusan perjuicios a la actividad económica por la instalación de las torres. En este sentido, privados señalan que la autoridad no ha logrado avances en destrabar el proyecto, pese a la participación directa que el ministerio ha tenido en el tema.
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