Uno por uno, los abogados del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) refutaron ante el tercer Tribunal Ambiental de Valdivia los argumentos que presentó HidroAysén para impugnar la resolución del Comité de Ministros que invalidó su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
En un escrito de 100 páginas presentado a esta instancia judicial a mediados de semana, el SEA defendió la actuación del Comité de Ministros, que el pasado 10 de junio revocó la RCA de la iniciativa de Endesa y Colbún, señalando que la instancia tenía las competencias necesarias para realizar esto.
Esta es la segunda respuesta que el SEA envía a la justicia ambiental. A principios de agosto, reclamó ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago por el recurso de reclamación que la sociedad presentó contra la invalidación de la resolución del último Comité de Ministros de la administración Piñera, que el 30 de enero resolvió parcialmente las 35 reclamaciones a la RCA y pidió nuevos estudios.
El SEA dice que el argumento de HidroAysén, respecto de que la demora de casi dos años del Comité de Ministros en pronunciarse sobre las reclamaciones invalidaba su actuación, era extemporánea, pues la firma podría haber recurrido al “silencio administrativo” para resolver el tema.
“HidroAysén podía pedir que se resolviera derechamente su reclamación, atendido el tiempo transcurrido, los principios que informan el procedimiento administrativo, y los supuestos perjuicios que pretende hacer valer en otra sede. Llama la atención la desidia de HidroAysén respecto de sus derechos”, dice el escrito.
Asimismo, indicó que el Comité tiene potestad para invalidar la RCA del proyecto, ya que la firma no había logrado acreditar de manera fehaciente los impactos en el medio humano, por falencias en el plan de relocalización de familias de la zona, e insuficientes mediciones respecto de otros impactos.
“La RCA constituye una autorización de funcionamiento que no otorga derechos adquiridos, que es esencialmente revisable”, señala.
Aumento de capital
En otro plano, la sociedad citó para el 22 de octubre a junta extraordinaria para aprobar un aumento de capital, cuyo monto está por definir, el que permitirá a la firma seguir adelante con su operación, asegurando el pago de patentes por derechos de agua, entre otras cuestiones.
Los accionistas han señalado que en los próximos meses, y antes de fines de año, la sociedad reducirá su personal al mínimo, y sólo mantendría los equipos legales encargados de defender la autorización ambiental.
Asimismo, el vicepresidente ejecutivo de la firma, Daniel Fernández, estaría alistando su salida de la sociedad, la que se concretaría en el último trimestre del año, y tomaría nuevas responsabilidades como asesor en otras compañías del grupo Matte.
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