A comienzos de agosto de 2011, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, recibió una serie de denuncias de empresas integrantes del CDEC-SIC (Sistema Interconectado Central), las cuales argumentaban que las empresas generadoras Campanario y Tierra Amarilla tenían facturas que no habían sido canceladas.
En ese contexto, la SEC decidió formular cargos, por el “incumplimiento de la obligación de pagar las facturas emitidas, de acuerdo con el procedimiento de cálculo y valorización de las transferencias de energía y potencia de los meses de Mayo y Junio de 2011, realizado por el CDEC-SIC”.
En efecto, a lo largo de la investigación, se pudo confirmar la no cancelación de una serie de facturas por parte de ambas empresas, las que debieron pagarse a otras 53 integrantes del Centro de Despacho Económico de Carga, CDEC, entre generadoras y transmisoras, comprometiendo con ello la cadena de pagos y consecuentemente la seguridad del sistema eléctrico.
De esta forma, y una vez concluido el proceso administrativo, la Superintendencia decidió aplicar multas a las Empresas Generadoras Campanario y Tierra Amarilla, por un total de 500 y 200 UTA (Unidades Tributarias Anuales) respectivamente, lo que equivale en total, a cerca de $330 millones.
El Superintendente, Luis Ávila Bravo, señaló que “hemos estado trabajando intensamente en este caso desde el primer momento, con el fin de velar por la estabilidad del sistema eléctrico. Junto con sancionar las infracciones a la normativa, nuestra principal preocupación es que la ciudadanía siga recibiendo un suministro eléctrico continuo y seguro”, afirmó el máximo representante de la SEC.
Actualmente, la Central Campanario no está siendo considerada en los balances de energía y potencia que calcula en CDEC, ya que dicha central no está siendo considerada en la planificación de la operación del sistema eléctrico, por lo que actualmente no constituye un riesgo para dicho sistema.
Asimismo, es importante señalar que campanario se encuentra declarada en quiebra, por lo que está siendo administrada por un síndico, por lo que la multa pasa a integrarse a la lista de compromisos que la empresa tiene pendiente, siendo por tanto, el Fisco, un nuevo acreedor.
Ante esto, Ávila señaló que “aquí ha ocurrido una infracción la que, como Superintendencia, debemos sancionar. Estas multas son una clara señal para las empresas que integran el sistema eléctrico, ya que, bajo ninguna circunstancia se puede interrumpir la cadena de pagos y con esto, poner en riesgo la estabilidad del sistema y la continuidad de suministro que se entrega a los ciudadanos”.
Las empresas sancionadas tienen derecho a presentar un recurso de reposición ante esta Superintendencia o reclamar directamente ante los Tribunales de Justicia.
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