Las conductas de los actores de la industria lechera en materias de igualdad de condiciones y respeto a la libre competencia, han sido el epicentro de sucesivos requerimientos ante los organismos antimonopolios, como las nueve causas contenciosas y no contenciosas presentadas al TDLC desde 1996. A esto se suman las disputas tributarias entre cooperativas y el Servicio de Impuestos Internos que han escalado ante la Corte Suprema, y los recursos judiciales que han acusado a varios de los principales grupos procesadores de lácteos de realizar prácticas colusorias.
En este escenario, la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno A.G. (SAGO) encargó la realización de un análisis de este mercado al Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC), el cual será presentado mañana en el seminario “Libre competencia en la industria lechera en Chile” en el Centro de Extensión de esa casa de estudios.
Si bien no detectó “conductas ilícitas” anticompetitivas por parte de grandes grupos lácteos procesadores –en línea con lo señalado por la Fiscalía Nacional Económica y el TDLC–, el trabajo de los investigadores Julio Peña y Pedro Dosque estableció que “sí existen elementos estructurales que crean riesgos al adecuado funcionamiento de la libre competencia en estos mercados”, por lo cual recomendó a esos organismos que estén atentos a su evolución.
Entre las conclusiones relativas al mercado de compraventa de materia prima cruda, el estudio destaca la necesidad de analizar el efecto de las exenciones tributarias que favorecen a las cooperativas lácteas en la libre competencia de la industria. Esto, en el marco de la discusión que ha tenido lugar en los últimos años en cuanto a si estos beneficios, en el caso de las organizaciones que tienen volúmenes significativos de venta, “generan un problema de competencia desleal, al entregar una ventaja ‘artificial’ a sólo a un segmento de productores en la industria láctea”.
En este sentido, el informe puso como ejemplo las críticas a Colun, cuyo rápido crecimiento -que en 2017 la llevó a representar el 26% del volumen total de leche recepcionada en el país- ha sido cuestionado por grandes empresas rivales que afirman que este desarrollo ha sido potenciado por el régimen tributario de esta cooperativa.
“Para evitar que las actuales exenciones tributarias a favor de cooperativas puedan crear ventajas espurias de competencia, nuestro análisis recomienda que el derecho a participar de las franquicias que hoy se entregan a las cooperativas en Chile –que se extiende a sus socios a través de su participación en los excedentes no gravados por impuesto a la renta– quede acotado a un máximo de ventas anuales del cooperado, precisamente por su carácter excepcional”, puntualizó Peña.
Junto con precisar que esta ventaja otorgada por ley puede justificarse como un contrapeso ante una fuente de riesgo anticompetitivo en el sector –como fortalecer el poder de compra de los grandes procesadores frente a los pequeños productores primarios–, al mismo tiempo el informe advierte que no resulta conveniente “entregar una franquicia tributaria de forma independiente del nivel de desarrollo o éxito productivo logrado por una cooperativa láctea”.
Asimismo, el estudio afirma que para la focalización eficiente de este subsidio a la asociatividad entre productores, “no parece adecuado definir franquicias tributarias igualmente válidas para todos los socios de una cooperativa cuando existan diferencias muy significativas en las rentas logradas por distintos integrantes”.
Consejos para la industria
Entre las otras recomendaciones para mejorar el funcionamiento y resguardo de la libre competencia en la industria láctea, el estudio propone medidas como crear un registro de los socios de las cooperativas –de acceso público y actualizado– que detalle las cuotas de participación de cada socio en cada una de ellas.
Para reducir la posibilidad de que un grupo reducido de socios obtenga el control del gobierno corporativo de la cooperativa, también recomienda implementar cambios legales que permitan un sistema de voto proporcional que “establezca un número máximo de votos por socio o bien un porcentaje máximo de los derechos totales de voto que un mismo socio puede tener”, además de establecer medidas para flexibilizar los costos de salida de estas organizaciones.
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