Cambiar el régimen presidencial no es una propuesta nueva. Hay al menos dos proyectos de reforma constitucional descansando en el Congreso en los que se propone, en mayor o menor escala reducir ,los poderes del Presidente de la República.
En su artículo 24, la Constitución lo define como el Jefe de Estado y le entrega la función del gobierno y la administración del Estado. Una tradición heredada de la Constitución estadounidense, pues las jóvenes repúblicas latinoamericanas siguieron a su vecino del norte en la adopción del modelo presidencial.
"Las constituciones latinoamericanas le dieron incluso más poderes a la figura del Presidente que la de EEUU, donde sus poderes formales hacen sentido en el contexto de su poder partidario", afirma Aníbal Pérez-Liñán, autor de Democracias y Dictaduras en América Latina. Destaca que las últimas reformas vistas en la región (Venezuela, Bolivia, Ecuador) han sido impulsadas por los presidentes de turno en busca de facilitar su reelección y concentrar más poderes.
Presidente y Congreso
Pérez-Liñán apunta, eso sí, que ya desde los años 80, en el marco del proceso de democratización de la región, se discutió en varios países la idea de adoptar regímenes con un mayor componente parlamentario. En Chile también. El denominado Grupo de los 24, creado en 1978, incluyó en una propuesta opositora de reforma constitucional la idea de adoptar un régimen semipresidencial.
"Bajo este modelo, el Presidente ejerce como Jefe de Estado, pero la función legislativa y administración está cargo de un gobierno autónomo del Presidente, que requiere el apoyo de la mayoría parlamentaria", explica Humberto Nogueira, profesor de Derecho Constitucional de la U. de Talca, y quien fuera secretario del mencionado Grupo.
La idea fue abordada en dos comisiones convocadas por la Cámara de Diputados en 1992 y 2009. Aquí Nogueira destaca que la idea también tiene apoyo en un sector del hoy oficialismo. Una muestra de ello sería la propuesta conjunta presentada por DC y RN en 2012 para avanzar a un régimen semipresidencial. Los dos últimos proyectos de ley que ingresaron al Senado para promover esta reforma, en 2016 y 2017, fueron impulsados por el senador RN Andrés Allamand.
¿Se agota el "modelo"?
Nogueira defiende la vigencia de este modelo, "especialmente hacia el futuro". El principal argumento es que un gobierno, formado a condición de tener una mayoría parlamentaria, permitiría superar los bloqueos de poder que se han dado en los últimos gobiernos por un Ejecutivo sin mayoría en el Congreso, como el actual. Un bloqueo que, a su parecer, puede derivar en una crisis del sistema democrático, como ya se ha visto en el pasado. Para el catedrático, el uso político que la oposición ha hecho de la acusación constitucional ya es una señal del agotamiento del modelo.
Partiendo de la premisa de que no hay un sistema perfecto, Pérez-Liñán sí destaca las ventajas de estabilidad política que ofrece un sistema parlamentario versus los ciclos de desgaste de poder presidencial que aquejan a la mayoría de los países latinoamericanos. Uno de ellos es la barrera de entrada que supone el que el jefe de gobierno sea electo por el Parlamento, lo que conlleva a que sea un político con experiencia en el manejo legislativo y negociación política, a lo que se suma gobernar con mayoría en parlamentaria, ya sea de un partido o una coalición.
Sin embargo, dice, "no creo factible que los votantes acepten ceder el derecho de elección directa del Presidente a un Congreso, que en la mayoría de los países latinoamericanos es una institución desacreditada", dice.
La cientista política y profesora de la Usach Pamela Figueroa concuerda que entregar más poderes al Parlamento exige cambios profundos en los partidos políticos. En su paso por la Segpres, Figueroa trabajó junto al ministro Nicolás Eyzaguirre y el asesor Tomás Jordán en una propuesta de régimen de semipresidencial, que también contempla cambios en la ley electoral, con el objetivo de fortalecer la democracia y representatividad de los partidos.
La propuesta, recogida en un documento a ser publicado por la Flacso, contempla un Congreso unicameral, en el que se define la elección presidencial en segunda vuelta; cuyos integrantes pueden ser convocados como ministros, sin cesar su rol legislativo; y con mayor poder de iniciativa de ley. "El sistema crea los incentivos para una mayor disciplina partidaria y para que tengamos partidos más programáticos", agrega.
Una mayoría consolidada en el Congreso, trabajando en colaboración (y no en contra o en paralelo) al Gobierno, es la solución o al modelo al que apuntan los expertos.
En el caso de la propuesta redactada por Figueroa, Eyzaguirre y Jordán, incluso se explicita que el sistema busca crear incentivos para que el Congreso coopere con el Gobierno. Incentivos que no existen hoy. Una carencia en la que radica la que para Pérez-Liñán es precisamente uno de los mayores problemas de las democracias latinoamericanas: la falta de incentivo de las fuerzas políticas para cooperar en políticas de largo plazo.
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