Aunque los conflictos al interior del Tribunal Constitucional se vienen arrastrando con mayor notoriedad pública desde la presidencia del ministro Iván Aróstica, la situación generada estas últimas semanas a partir del sumario en contra de la actual presidenta del organismo, María Luisa Brahm, podría profundizar su descrédito; más aún en medio del proceso constituyente, en el que algunos sectores esperan disminuir sus atribuciones e incluso, los más radicales, terminar con esta institución.
De ahí la preocupación con que los abogados constitucionalistas siguen el devenir de sus conflictos internos, ya que no descartan que provoque efectos políticos, tanto en lo que respecta al rol del organismo en el debate del tercer retiro como también en el marco del proceso constituyente ya en marcha. Porque los últimos sucesos contribuyen con argumentos para quienes creen que un organismo como el de las características del TC no es necesario en nuestro país.
La secretaria de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, Tania Busch, tiene la convicción de que la pugna interna del TC "ha venido a erosionar todavía más la imagen pública del tribunal", pese a que al asumir Brahm la presidencia muchos se pensó, y ella misma lo explicitó en algunas entrevistas, iba a restaurar la imagen pública de la institución, "pero eso no ha pasado. Lo que, a juicio de Busch, "no contribuye en nada a mantener la institución" en el marco del debate para la elaboración dela nueva Constitución.
Pese a que con anterioridad a los episodios internos en el TC, se había llegado a cierto consenso transversal respecto de algunos cambios que es necesario hacer a la institución, aclara la abogada constitucionalista.
Y aunque su colega Tomás Jordán hace hincapié en que la pugna interna es "una cuestión muy coyuntural", comparte la mirada de que "no le hace bien" a la institución; pero en lo que sí está totalmente de acuerdo es en que para la discusión constitucional "afecta mucho". Porque las disputas internas, que desde hace un tiempo saltan a la luz pública, terminan dándole fuerza a la tesis de que se debería eliminar el TC y, por contrapartida, "le da poca fuerza a aquellos que creemos que tiene que haber un tribunal constitucional distinto que vele por la constitucionalidad de las leyes".
"Las debilidades institucionales que muestra ahora el Tribunal Constitucional, evidentemente que invitan a los detractores del tribunal a replantearse la necesidad de que este órgano se mantenga como lo conocemos hasta ahora", refuerza la constitucionalista Claudia Sarmiento, quien coincide con sus pares en que esta va a ser una de las grandes discusiones que se aborde en el marco de la Convención Constitucional.
Por su parte, el constitucionalista Felipe Paredes –autor del artículo "El futuro del Tribunal Constitucional", en el libro "Conceptos para una nueva Constitución"- complementa que lo que ha ocurrido en el último tiempo, que no tiene que ver con las funciones del TC, sino con conductas que si se comprueban suponen infracciones, "deslegitima aún más a un órgano que ya venía siendo cuestionado". Lo que resulta un problema en el marco del proceso constituyente, sobre todo si se considera que el TC chileno es "uno de los TC más recargados de atribuciones del mundo", argumenta.
Por lo que la situación interna facilita –comparte con sus predecesores- la postura de quienes estiman innecesaria la existencia de este organismo, lo que "a mí me parece que una mala idea, porque en un sistema de pesos y contrapesos es importante la existencia de un órgano que controle al legislador", concluye.
¿Y el tercer retiro?
Otro efecto que perciben los expertos es en el resultado del tercer retiro, al que el gobierno se sigue negando, asegurando que concurrirá al TC pese a que aún no pasa de ser una amenaza.
En diciembre, el gobierno obtuvo un fallo favorable en contra del tercer retiro, gracias al voto dirimente de la presidenta, recuerda Paredes; sin embargo, debido a la situación interna del organismo "no resulta descabellado pensar que la ministra Brahm termine inhabilitada", cálculo que imagina debe estar haciendo el Ejecutivo antes de presentar el requerimiento. Puesto que "el efecto de perder en el Tribunal Constitucional sería una derrota política de proporciones y esto abriría la puerta para un cuarto retiro, un quinto retiro y así".
En este sentido, Busch expresa su sensación de que el tribunal no debe tener mucho interés en pronunciarse sobre el tercer retiro, ya que la pugna interna "vendría a agravar su conflicto comunicacional, pero además esto agravaría el problema de legitimidad del gobierno". Ello, porque aunque el segundo retiro se declaró inconstitucional, finalmente igual existió el beneficio a través de un proyecto del gobierno y fue esa imagen con la que se quedó la gente. Y suponiendo que el Ejecutivo vuelva al TC sin proponer otro proyecto y este lo declare inconstitucional, el resultado "sería más bullado" e impactaría más en el tribunal.
Por otro lado, si Brahm hiciera uso de esa atribución de su atribución de dirimir "va a tener un efecto de erosión mayor por la inestabilidad política y por la situación en que se encuentra el tribunal. Se va a notar más", concluye Busch.
En el mismo sentido, Jordán complementa que podría ser que el TC no quiera verse en la mira nuevamente -a partir de esta polémica del sumario- a tomar decisiones impopulares como fue acoger el requerimiento contra el 10%.
Una postura distinta expresa, en esta materia, Sarmiento, ya que no cree que la situación que atraviesa el TC tenga efecto en el tercer retiro, "porque las dificultades que tienen no guardan relación con la imparcialidad de los jueces frente al pronunciamiento", señala. Pues a su juicio los cuestionamientos que se han hecho al TC han sido más bien "a propósito de los nombramientos de los magistrados, pero no respecto de lo que parecen ser los costos de las rencillas personales que pareciera haber".
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