Tras 24 años en la Fiscalía Nacional, el director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (Ulddeco), abogado Mauricio Fernández, deja la institución para dar el salto al mundo privado. Tras sobrevivir a los cuatro fiscales nacionales -Guillermo Piedrabuena, Sabas Chahuán, Jorge Abbott y, ahora, Ángel Valencia-, emprenderá nuevos rumbos desde el 3 de marzo próximo, fecha que impuso a su salida.
En estos años, la unidad a su cargo ha liderado los cambios a una serie de normativas que buscan contener los delitos que él mismo define como de “cuello blanco”.
Fernández explica a Diario Financiero su salida: “Uno tiene que ser responsable y consciente; y, en términos profesionales, no soy de los que me voy a jubilar en la institución y a anquilosarme, precisamente. Es mi deber dejar espacio para otros estilos de liderazgo y para impulsos y renovaciones que a estas alturas ya son necesarias”, reflexionó. Aunque adelantó también que “siempre voy a estar ayudando en lo que pueda desde mis funciones privadas, obviamente, porque hay que seguir avanzando en términos de que la persecución penal sea mucho mejor que lo que ha sido hasta ahora”.
-En el contexto de lo que ha sido su labor como jefe de esta unidad, ¿cómo evalúa particularmente la nueva Ley de Delitos Económicos?
-Aún no se puede evaluar cuánto ha influido la severidad de estas normas en la prevención de delitos económicos. Es importante decir que estas legislaciones en esta etapa, y espero que se siga con otras etapas, sólo consideraron el abordaje normativo para endurecer la respuesta en esos ámbitos, pero no existe ninguna institucionalidad, una superintendencia que tenga que ver con el trabajo o responsabilidad pública o de prevención que hacen los privados.
Es evidente que, por la difusión que ha tenido, a nivel de todas las instituciones o empresas a las que se les pudiera llegar a aplicar esta legislación, hoy hay mayor conciencia y atención a identificar primero el riesgo.
-En 2023, usted decía que todos los órganos encargados de la implementación iban a adaptarse a esta nueva ley. ¿No pasó eso?
-En eso hemos estado. Por eso digo que se cumple un ciclo también en lo interno, ya sea de cara a las policías o a otros organismos públicos; en términos de que aunque no haya recursos nuevos, la Fiscalía se hace responsable de implementar esta legislación y así lo ha hecho. Eso es parte de la primera etapa, pero el proceso es lento.
-Pero, ¿qué percibe usted?
-Es evidente que, por la difusión que ha tenido, a nivel de todas las instituciones o empresas a las que se les pudiera llegar a aplicar esta legislación, hoy hay mayor conciencia y atención a identificar primero el riesgo. A identificar los procesos propios del giro de la empresa, que tienen mayor posibilidad de involucrarse en alguna situación de delito o que se presuma delito.
-En un comienzo se esperaba que actuara como disuasivo, ¿ha sido así?
-Está la sanción en la legislación y eso, sin duda, puede haber tenido un efecto disuasorio. Pero, en general, hay muy poco estudio criminalístico vinculado a la delincuencia de cuello blanco.
“Los casos de mayor connotación pública han quedado fuera de esta legislación”
-¿Cree que haya que hacerle algunos ajustes y en qué línea?
-A ver, creo que va a ser necesario hacerle ajustes en el tiempo y de la mano de esos ajustes debiera haber una atención a lo orgánico. O sea, junto con simplificar en algo la legislación y hacerla quizás menos expansiva, tiene que ir como contrapartida un fortalecimiento del Ministerio Público, de las instancias periciales públicas y de las policías, para que esta legislación tenga intención seria de aplicación.
-¿Han salido a la luz más casos a raíz de la nueva Ley de Delitos Económicos?
-Creo que en los casos de mayor connotación pública que conocemos, lo que ha pasado es que los hechos han quedado fuera de esta legislación. Entonces no ha habido oportunidad de valorar por la opinión pública y por los entendidos cómo sería el estatuto en su aplicación concreta en un escenario distinto. Creo que este año, en función de los tiempos, los casos donde haya una formalización por algunos delitos económicos de relevancia van a tener ese componente y ahí se va a poder apreciar la diferencia entre un estatuto normal y el estatuto reforzado en materia de delitos económicos.
Las multas administrativas son relevantes en términos de inhibición.
-¿Eso significa que para que se aplique la nueva Ley de Delitos Económicos tendría que haber empezado a cometerse el delito desde agosto de 2023 hacia adelante?
-Claro, exactamente. Entonces, en un escenario, ya desde el inicio de la la judicialización de una investigación en el contexto de la nueva ley y sobre todo en etapa de formalización de la investigación, se van a poder ver los efectos.
-Ha habido un debate en los medios acerca de si al caso audios se le aplicaría esta norma. Entiendo que no, según lo que ha aclarado usted, pues los delitos que existirían se habrían comenzado a cometer antes del 2023, ¿es correcto?
-Yo preferiría no emitir juicio respecto de casos que están en pleno debate porque, esas son materias en que, finalmente, la decisión la toma la el fiscal a cargo. Entonces, preferiría no referirme a eso.
-¿Qué tan inhibidoras de delitos son las multas administrativas?
-Las multas administrativas son relevantes en términos de inhibición. Por eso, las multas tan bajas que tiene el sistema antilavado, las que puede imponer la Unidad de Análisis Financiero, sin duda no contribuyen a una mayor prevención o atención al cumplimiento de las obligaciones.
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