Conocer la actividad de los equipos jurídicos al interior de las empresas e identificar sus principales retos y espacios de mejora fueron los objetivos planteados en el Primer Barómetro de Gerencias Legales, una medición impulsada por la comunidad Entre Códigos de Diario Financiero –integrada por Recabarren & Asociados, el estudio García Nadal y la Universidad Adolfo Ibáñez- en alianza con EY, y que la semana pasada entregó sus principales conclusiones en un encuentro donde participaron el líder del área legal de EY, Pedro Lluch, la managing director legal regional en Credicorp Capital, Mariana Gómez y el socio de Prieto Abogados, Benjamín Grebe.
En una detallada presentación, Pedro Lluch expuso las materias de preocupación de estas gerencias, las que tienen que ver con una mayor fiscalización y supervisión del regulador, seguida por los asuntos laborales, protección de datos y en cuarto lugar, la sustentabilidad y criterios ESG. Temas muy relacionados a las normativas que – según indican- tendrán un mayor impacto en sus equipos, donde también asoman entre las inquietudes la protección y privacidad de los datos, la reforma laboral, tributaria, normativa ESG y la nueva Constitución. Eso sí, Lluch hizo una salvedad. “Esta medición fue realizada antes de la aprobación en el Congreso de la ley que amplía responsabilidad penal para delitos económicos y contra el medio ambiente, tema que ahora probablemente sí es materia de conversación y preocupación en las gerencias legales”, comentó.
En ese sentido, Grebe complementó señalando que son coincidentes las preocupaciones manifestadas con los trabajos encargados por las fiscalías. "Son los temas que nos están pidiendo. Es más, diría en los últimos años nuestro crecimiento se ha dado principalmente en las áreas regulatorias, litigios, medio ambiente y libre competencia -versus lo transaccional, que antes eran las áreas más grandes-, pero ahora dichas áreas son verdaderos equipos legales, y en tamaño muy similar al promedio de las fiscalías".
En cuanto a la relación con sus proveedores –estudios de abogados, particularmente-, las gerencias legales tienen una alta valoración de su trabajo. Un 85% estuvo muy de acuerdo y de acuerdo en que entregan una respuesta de calidad y confiable. Luego, un 83% señaló que se trata de consejeros de confianza y un 81% dijo que entienden las necesidades del área. Donde hubo indicadores más bajos fue en materia de innovación y en la flexibilidad para incorporar nuevos modelos tarificación donde el nivel de satisfacción fue menor al 45%.
"Hay un pequeño clamor de que se entienda la necesidades del negocio. Las gerencias legales piden que sus asesores sepan y conozcan más de la industria en la que están sus clientes y que no tenga que contarles todo lo que hacen desde cero... donde las oficinas legales están más al debe es en la visión estratégica, que no sólo se hagan cargo de inquietudes legales, si no que se nos podamos anticipar a las necesidades del negocio, la innovación a la hora de entregar respuesta y la necesidad de incorporar nuevos modelos de tarificación, eso claramente es un desafío porque además la gerencias legales también tienen cada vez una mayor necesidad de reducir costos", agregó Lluch.
Más trabajo
Las gerencias legales también dieron cuenta de la cada vez mayor responsabilidad y radio de acción del área dentro de las compañías. Lo que se refleja en que más de un 84% asegura que en los próximos tres años aumentará de forma significativa su carga de trabajo, lo que piensan abordar a través de un mix que va desde una mayor incorporación y optimización de tecnología (79%), subcontratación de trabajo a estudios legales (49%) y contratación de más abogados internos ( 39%).
En materia de costos, aunque solo un 38% dijo tener un plan concreto de reducción, la mayoría ve oportunidades de ahorros también con una mayor incorporación de tecnología (98%), optimización de procesos internos (91%), negociación de mejores tarifas con asesores externos (82%), pedir presupuestos fijos de oficinas legales (78%), internalización de tareas que antes realizaban los asesores externos (68%), entre los principales ajustes.
Este tema tuvo eco inmediato en el panel. Mariana Gómez comentó que hoy es necesario llegar a nuevos acuerdos y trato económico con los estudios de abogados que los asesoran. "En Chile algo estamos viendo en materia de flexibilidad, pero afuera vemos con más frecuencia ir a riesgo con los asesores -a la hora de concretar o no un negocio-... El cobro por hora ya no se ve tanto, pero todavía hay espacios de presión para que los estudios legales adopten nuevas fórmulas de cobranza", aseveró.
Otro aspecto que abordó el sondeo –donde respondieron casi un centenar de firmas- tiene que ver con los desafíos en materia de talento, donde aspectos de reclutamiento, desarrollo de carrera y formación aparecen entre las mayores inquietudes de las gerencias legales, así como los objetivos de diversidad e inclusión que exigen a sus asesores externos.
En cuanto a la incorporación de más abogadas a estos estamentos, Gómez señaló que pese a que las fiscalías son mucho más demandantes que antes en cuanto a tiempo, aun continúan siendo atractivas para las abogadas porque es posible seguir creciendo profesionalmente, dada la mayor complejidad de temas y materias que hoy están en manos de estas áreas de las empresas.
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