No solo Estados Unidos tiene una Constitución más que centenaria. Argentina también. Creada para integrar a las diversas provincias en un solo país, la Constitución de 1853 sigue vigente. Desde entonces se han realizado seis reformas mayores, y fue declarada “sin efecto” por las dictaduras militares de 1966 y 1976.
A pesar de su accidentada historia, tiene “enorme legitimidad”, por tratarse del texto fundacional de la república federal y por las fracasadas reformas durante gran parte del siglo XX, explica el académico y jurista Daniel Sabsay. “En la Argentina a nadie se le ocurriría escribir una nueva Constitución, lo que se hizo en 1994 fue rejuvenecerla, pero el corazón, los primeros 35 artículos quedaron iguales”, agrega.
La reforma de 1994, en la que se añadieron 60 disposiciones, ha logrado mantenerse en el tiempo. Fue esta reforma la que dio origen a la figura del Jefe de Gabinete, la creación del Consejo de la Magistratura, la adopción de la figura judicial del amparo, y la adopción de tratados internacionales, sobre todo en materia de derechos humanos.
Varios factores explican que, a pesar de las numerosas crisis políticas y económicas, en Argentina no se busque una solución por la vía constitucional. Uno de ellos son los estrictos requisitos que exige la propia Constitución (artículo 30) para reformarla: dos tercios de cada una de las cámaras del Parlamento.
“A pesar de alocadas expresiones de gente bastante desprestigiada, hoy no se podría hacer, porque no sería posible conseguir el cuórum… Esa es una cláusula inteligente de los convencionales de 1853, nos da la garantía de que no se van a repetir aventuradas modificaciones, y de que cuando lleguemos al momento de una reforma será porque tenemos un consenso político altísimo, y eso es garantía de un trabajo responsable y consensuado”, afirma Elva Roulet, quien lideró la comisión de Derechos y Garantías de la convención constituyente de 1994.
Primero, un pacto político
En ese entonces sí fue posible, gracias al histórico “Pacto de Olivos” de 1993: el apretón de manos entre el expresidente Raúl Alfonsín (radical), quien ya en su gobierno había propuesto la necesidad de modernizar la Constitución, y el mandatario en turno Carlos Menem (peronista), quien buscaba que se instaurara la posibilidad de reelección.
Un pacto histórico, destaca Sabsay, que valora lo que se logró en materia de ordenamiento político e institucional. “Las reformas anteriores siempre fueron una imposición de una parte de los argentinos sobre los otros, y no tuvieron éxito. La del ’94, que es la reforma más importante que se haya realizado, surgió de un pacto previo”, agrega.
Básicamente, fue un pacto de la clase política para una nueva repartición de poderes: Menem ganó la posibilidad de reelección y los radicales ganaron senadores para Buenos Aires, su bastión electoral. Sin embargo, hasta los críticos del pacto reconocen que su origen no disminuye el valor de los otros cambios que se introdujeron al texto constitucional. “Se incorporaron todos los nuevos derechos sociales que ya eran conocidos, más que conocidos, algunos incluso ya eran parte de las constituciones de algunas provincias”, explica Roulet, y agrega: “No se partió de cero. Lo que se buscó fue reformar, modernizar, la Constitución que ya existía”.
El pacto fue clave para el nivel de consenso con el que se trabajó durante la convención, que -si bien estaba dominada por los partidos peronista y radical- contó con representantes de 19 partidos políticos. “Hubo muy buena actitud, se hizo un trabajo muy serio”, recuerda Roulet. La convención tuvo un plazo de 90 días y sus miembros se dividieron en 10 comisiones. Sólo los textos aprobados por las comisiones eran llevados al pleno, donde se aprobaban por mayoría simple.
Otra ventaja de que la reforma fuera precedida por un pacto político, resumen varias fuentes, es que si se exponen de antemano las propuestas para los cambios, el pueblo tiene la opción de decidir previamente al momento de la elección, lo que da mayor legitimidad a las decisiones que adopte la instancia constituyente.
A pesar del relativo éxito político logrado con la reforma del 1994, otro factor para su vigencia es el trabajo aún por cumplir. A 25 años de la reforma casi la mitad de sus disposiciones aún no ha sido implementada, señala Sabsay. No sólo se ha acentuado el presidencialismo, que era todo lo contrario que se buscaba con la reforma, sino que es un hecho recurrente que los presidentes de turno traspasen sus atribuciones. Tampoco se han implementado todos los cambios necesarios para la reforma del Poder Judicial, y menos el régimen de descentralización para fortalecer la estructura federal del país.
Antes del plebiscito
El plebiscito no es sólo un voto. Los académicos Bruno Frey y Alois Stutzer, de la Univeridad de Basilea, explican que tan o más importante que el día de la votación es el período "pre-referendum". Este es el espacio para la discusión entre ciudadanos —y entre ellos y los políticos— en una instancia institucionalizada.
Si bien el principal objetivo de este período es elevar el nivel de información de los participantes, esta etapa puede determinar la preferencia de los votantes. Los académicos destacan, además, que abrir la discusión a otros actores fuera de la clase política tradicional le quita a ésta la exclusividad en la formación de opiniones.
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