Por Natalia Godoy
La Polar tiene por delante tres semanas clave en su proceso refundacional. Para concretar el aumento de capital por US$ 200 millones que quedó amarrado en junio pasado la firma debe superar varios obstáculos sobre los que todavía hay aspectos pendientes.
Entre ellos, una condición importante es lograr que los acreedores aprueben el convenio judicial preventivo y el plan de negocios de la firma. Pero para ello, es también relevante contar con los estados financieros a julio, que desde hace varios meses trabaja intensamente un equipo de la auditora Ernst & Young, pero que no ha logrado terminar hasta ahora por distintas dificultades.
La multitienda esperaba tener en sus manos a fines de esta semana el balance definitivo, el que según trascendió seguirá pendiente hasta el 31 de octubre.
Hasta el martes en la sesión de directorio, los siete miembros de esta instancia mantenían la idea de que habría luz verde con los resultados al 31 de julio de 2011, puesto que no tenían conocimiento de que existieran nuevos inconvenientes que afectaran los planes.
No obstante, Ernst & Young ha enfrentado serias dificultades para llevar a números algunos aspectos como las provisiones por eventos que aún permanecen pendientes, tales como el impacto que tienen las demandas y el nuevo grupo de clientes repactados unilateralmente, que se dieron a conocer hace unos meses.
De lo único que se tiene certeza respecto a este tema es que el informe que entregue la auditora será como una radiografía de los números de la compañía hasta julio, los cuales no podrán ser comparados con el año anterior.
De otras condiciones pactadas en la junta del pasado 22 de junio -cuando se aprobó el aumento de capital-, el único punto que está resuelto es el informe con el rango de recuperabilidad de la cartera de cobranza de La Polar al 31 de mayo de 2011, que entregó Deloitte el 2 de agosto a la mesa directiva de la empresa.
Convenio Judicial Preventivo
Hasta ahora, las recomendaciones realizadas por el síndico de La Polar, Herman Chadwick, a la propuesta de convenio judicial preventivo han sido bien recibidas por la empresa y algunos de sus acreedores. Sin embargo la propuesta podría variar hasta el día de la junta, porque no todos están de acuerdo en otorgar 15 años de gracia para el pago de las deudas de la cadena, ya que varios bancos serían más partidarios de que fueran sólo ocho.
El directorio acordó iniciar el proceso legal de un convenio judicial preventivo para renegociar con sus acreedores los pasivos, que rondarían los US$ 1.000 millones, y así evitar la quiebra.
Este proceso, que comenzó a gestarse a partir del pasado 28 de julio -y está siendo liderado por los abogados Nelson Contador y Luis Felipe Castañeda-, debe resolverse en la junta del próximo 7 de noviembre.
Eso sí, previo a esta fecha la decisión que tomen los tenedores de bonos será fundamental, puesto que representan más del 60% de la deuda. Es por ello que lo más probable es que Banco de Chile cite a una junta de bonistas para el viernes 4 de noviembre. Esta instancia será crucial porque los acreedores tendrán que decidir si el 7 de noviembre se votará la aprobación o el rechazo del convenio.
A esa instancia, el plan de negocios debería estar totalmente afinado. Por ahora La Polar ha insistido en que aún no se encuentra 100% terminado, puesto que está en proceso de revisión y ajustes.
En las últimas semanas los acreedores de La Polar han tenido acceso a la versión preliminar del plan de negocios de la compañía. BCI se ha encargado de llevar las conversaciones con el comité negociador.
Elaborar el plan de negocios ha requerido más tiempo del presuestado. En un comienzo el directorio le encargó a Enconsult la misión de realizar un informe financiero pero luego optaron por contratar a Lazard para que trabajara el plan de negocios con el nuevo gerente general, Patricio Lecaros.
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