Por Miguel Bermeo T.
Nuevas declaraciones tomará la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad de la Región Metropolitana Oriente, en el marco de la denuncia del Servicio de Impuestos Internos (SII) contra de los hermanos Marcelo y Alberto Calderón Crispín, ligados a Ripley, para que se les investigue como presuntos autores de delito tributario.
Fuentes de la causa comentan que serían citados los abogados del otrora dueño de Johnson’s, quien ya pasó por las oficinas del fiscal Carlos Gajardo. Cercanos comentan que no sólo el patriarca de esta rama de la familia habría acudido, sino también sus hijas, Débora, Susana y Esther Calderón Kohn. Todos ellos habrían optado por guardar silencio.
Alberto Calderón también fue llamado a comparecer, junto a sus hijos Michel, Andrés y Lázaro Calderón Volochinsky, y en el extremo opuesto sí prestaron declaración y en ella descartaron haber participado de la operación cuestionada, pues era un negocio de la otra rama de la familia.
Otras declaraciones
En el marco de esta causa, otros que habrían prestado declaración ante la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, fueron el empresario Álvaro Saieh, quien le compró a Marcelo Calderón el 20% de Ripley, y sus hijos Jorge Andrés y María Catalina.
A ellos se suma la ejecutiva María Pilar Dañobeitía, ligada al grupo Saieh, quien compareció en julio ante funcionarios de la brigada de la policía civil, días después de que lo hiciera el controlador de Corpbanca.
En el caso de Saieh y sus cercanos, las pesquisas apuntarían al bajo precio que el también controlador de SMU pagó por los títulos del retailer y las operaciones posteriores de venta a otras sociedades relacionadas que habría realizado.
A diferencia de los Calderón, la declaración de Saieh habría sido a solicitud del Ministerio Público, como parte de la causa contra el ex propietario de Johnson’s, y no a partir de una denuncia del SII.
Conocedores del proceso comentan que en esta arista la fiscalía también buscaría nuevas declaraciones. En este caso, se citaría al asesor financiero que fue Celfin, actualmente BTG Pactual, para determinar cuándo Saieh entró a la operación.
En el caso de BTG, las declaraciones serían tomadas por la Bridec, confidenciaron entendidos.
Con todo, el Ministerio Público no descarta tomar nuevos testimonios a quienes ya han pasado por sus oficinas y las de la Bridec, así como solicitar pericias en el caso.
La investigación
A fines de abril pasado, el SII presentó la denuncia contra los Calderón como presuntos autores de delito tributario, por el supuesto uso irregular del beneficio del artículo 14 bis de la Ley de Impuesto a la Renta, con el objetivo de evitar pagar impuestos por unos
US$ 21,6 millones, derivados de la venta de 387 millones de acciones de Ripley, operación efectuada en 2009.
La denuncia busca que se investigue la comisión de los delitos previstos y sancionados en el Código Tributario, norma que sanciona, entre otras conductas, la presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas, que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda, o el empleo de otros procedimientos para ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto.
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