Por Daniela Paleo
A lo menos 5% de la propiedad mantendrá el gobierno en cada una de las empresas sanitarias en las que tiene participación, es decir, Esval, Essbio, Essal y Aguas Andinas. Así lo anunció Corfo a través de un comunicado, donde indica que la asignación se realizará el próximo 15 de junio a través de la modalidad de subasta de un libro de órdenes.
El 5% le permitirá conservar el derecho a veto que tiene sobre las operaciones que involucren transferencias de derechos de aprovechamiento de aguas, gravámenes e hipotecas, y también sobre las transferencias de las concesiones sanitarias que las empresas tienen.
El fin de la medida será diversificar las inversiones financieras de Corfo, fortalecer los fondos de cobertura de créditos para las pymes y los fondos de inversión orientados a nuevos emprendimientos y fortalecer la situación patrimonial de algunas empresas estatales que requieran una inyección de capital para expandir sus operaciones. Según informó Corfo, el resto de lo recaudado se mantendrá en inversiones financieras, disponibles para responder a los requerimientos fiscales.
Reacciones
Varios diputados de la Concertación criticaron la medida, mientras que desde el oficialismo, la defendieron.
El diputado Demócrata Cristiano, Fuad Chahín, sostuvo que no hay necesidad de vender la participación del Estado en las sanitarias desde ningún punto de vista.
“El Estado tiene los recursos suficientes. En un momento se dijo que (la venta de la participación) sería para financiar la reconstrucción, pero aprobamos un royalty que recaudará más de lo presupuestado, y además tenemos un buen precio del cobre. No hay necesidad desde el punto de vista financiero ni social”, indicó.
En tanto, Gonzalo Arenas (UDI), presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, considera prudente que se retenga un porcentaje de las sanitarias para velar, sobre todo, por los derechos de aguas. En respuesta a las críticas de la oposición, afirma que éstas son infundadas, “más aún cuando fueron ellos mismos fueron los que privatizaron el agua”.
Los diputados Carlos Montes (PS) y Patricio Vallespín (DC) insistieron en sus críticas. Este último afirmó que el país “no necesita los recursos ni tampoco grandes mejoras en materia sanitaria, porque las grandes inversiones ya están hechas. Son empresas que aportan al erario nacional”, dijo.
Vallespín agregó que a pesar de que intentaron, junto al diputado Chahín, llevar adelante una reforma constitucional para que este tipo de privatización sólo se pudiera hacer en el marco legal, se dieron cuenta que hay pocas opciones. “Reevaluaremos para ver si hay algún grado de maniobra en el marco de la legalidad”.
Los diputados opositores informaron que tocarán el tema con las bancadas de la Concertación en los próximos días.
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