Por Andrés Pozo B.
Días cruciales está enfrentando la disputa que mantiene la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y las empresas sanitarias, por la posibilidad que tienen estas últimas de vender las aguas servidas que tratan a empresas y no devolverlas -necesariamente- al cause del río.
Al apoyo parlamentario que ha recibido el mundo del agro se está sumando el del Ejecutivo, el que está barajando una serie de posibilidades para normar la situación e impedir que esta agua tratada sea comercializada.
El conflicto es de larga data y se agudizó tras el fallo de la Corte Suprema que hace un mes reconoció que la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) tiene facultades para interpretar la norma, lo que en definitiva ha permitido la venta de estas aguas.
Según una presentación que realizó la superintendenta de Servicios Sanitarios, Magaly Espinoza, en la Cámara de Diputados, en los años 1995, 1996, 1999 y 2002 se produjeron estas interpretaciones, que en el fondo apuntan a que la empresa sanitaria “no tiene obligación alguna de restituir las aguas que usa y goza en virtud de su derecho”.
El conflicto ha cruzado el espectro político. Además de los agricultores, el tema se ha vuelto una preocupación para los parlamentarios.
Es más. Hasta La Moneda han llegado los representantes de la causa y esta semana se producirán nuevos encuentros.
Un grupo de parlamentarios, entre otros la diputada Clemira Pacheco (PS) se reunirá en los próximos días con el Ministerio de Obras Públicas, de quien depende la Dirección General de Aguas (DGA) y la SISS.
A principios de junio, además, el presidente Piñera se había reunido con los representantes del MOP y Agricultura para tratar el tema, lo que es interpretado como una muestra de preocupación y urgencia. Ahora se afinan las fórmulas para dar solución a la demanda.
Legal y administrativa
Desde la SNA el tema ha sido liderado por uno de sus directores, Patricio Crespo, quien explica que “el Estado al concesionar el tratamiento de aguas servidas, no concesionó derechos a aprovechamiento. Por lo que no tienen ningún derecho ni agua que vender”.
Ahí ven con interés las medidas que puedan surgir (ver recuadro). Si bien la más rápida de implementar sería la reinterpretación por parte de la SISS, la que daría mayores certezas es la de impulsar un proyecto de ley sobre la materia.
Otras fuentes de la SNA explican que ellos consideran que la más rápida y conveniente es ir por la vía administrativa. Aunque no hay plazos para encontrar una solución, señalan que de no haber avances con el Ejecutivo, el apoyo parlamentario para sacar una ley interpretativa está.
Desde el interior del gobierno explican que se está trabajando en sacar pronto la vía -que podría consistir en dos medidas complementarias- y aseguran que hay consenso en apoyar la causa de los agricultores.
Proyectos de ley
Actualmente en el Congreso hay en tramitación dos proyectos de ley que apuntan en esta línea. Uno es el de la diputada Denise Pascal (PS), que está apoyado por la Comisión de Agricultura de la Cámara. “Si no contamos con una ley, el día de mañana podría volver a pasar lo mismo”, dice.
Por su parte, el senador José García Ruminot (RN) se reunió con el ministro Rodrigo Hinzpeter hace unos días para plantearle la necesidad de tener una solución. Señala que si esto no se corrige, el conflicto -que está radicado en Santiago y Copiapó- se extendería a todo el país.
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