El gobierno decidió no quedarse atrapado en materia de
concesiones carcelarias. Tras varias malas experiencias, que en algunos
casos significó el pago de millonarias sumas de dinero a algunas
operadoras por diferencias de costos en las obras, La Moneda optó por
un nuevo modelo.
Tras meses de incertidumbre, en los que
incluso se comentó que el Estado podría asumir totalmente el diseño, la
construcción y la gestión de los recintos penitenciarios, el ministro
de Justicia, Carlos Maldonado, aclaró que el aparato estatal se
encargará ahora del diseño de las cárceles en una primera instancia y
luego licitará tanto la construcción como la operación.
“Optamos
por un nuevo modelo, donde el Estado está ejecutando directamente el
diseño de las nuevas cárceles. Licitaremos la construcción y la
operación, no el diseño, pero vamos a perseverar en el modelo de
concesiones, que es perfectible y eso es lo que estamos haciendo”,
explicó. Este modelo rompe el esquema anterior, que se basaba en la
entrega de la responsabilidad absoluta del proyecto, desde el diseño y
la edificación hasta el funcionamiento, a un consorcio formado por una
constructora y una concesionaria.
El secretario de Estado
adelantó que Talca y Santiago II serán los primeros recintos que
pasarán a operar bajo esta figura. A ellos se añadirán seis iniciativas
que están en carpeta: una en Santiago y cinco en regiones.
Razones del cambio
Varios capítulos explican la decisión del gobierno.
“Al licitar el diseño, quedaba mucho espacio para la interpretación, lo que generaba grandes diferencias”, señaló Maldonado.
El
desechado modelo generó una de las pugnas legales más vistosas entre
los sectores público y privado de los últimos años: el litigio judicial
entre la concesionaria BAS -ligada a la constructora Besalco- y el
Ministerio de Obras Públicas (MOP) por los mayores costos que implicó
para la empresa la construcción del Grupo I de cárceles concesionadas,
conformado por los recintos de Iquique, La Serena y Rancagua.
Tras
cerca de un año de discusión judicial, finalmente en julio del año
pasado, en una instancia de conciliación en la Corte Suprema, Besalco
y el MOP acordaron que la repartición pública debía pagar US$ 82
millones a la firma por el mayor gasto incurrido. Algo similar ocurrió
con la francesa Vinci, a la que el MOP tuvo que cancelar US$ 34
millones por obras adicionales en Santiago I, Valdivia y Puerto Montt.
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