Por Silvia Véliz Poblete
La demanda energética del país es creciente y en los últimos años eso se ha visto reflejado por el interés de los inversionistas en desarrollar iniciativas del sector. Y esto también se ve con creces en la cantidad de proyectos que se han aprobado por la autoridad ambiental.
Según datos del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), desde el año 2006 a la fecha se han visado por las comisiones de evaluación ambiental de cada una de las regiones, 208 proyectos, los que en su conjunto suman 21.321,55 MW. Es importante señalar que del total de proyectos aprobados, sólo 192 tienen capacidad de generación, el resto son modificaciones de capacidad de algunos proyectos u otro tipo de optimizaciones.
El gobierno del presidente Sebastián Piñera ha aprobado 23 proyectos energéticos desde marzo de 2010, lo que representa nada menos que 8.399 MW.
Como referencia, en los cuatro años del gobierno anterior se dio luz verde a proyectos que en conjunto sumaron 12.922 MW.
Claro que muchos de los proyectos que cuentan con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aún no están generando o incluso no comienzan su construcción. Esto, debido a las demoras en obtener permisos sectoriales o por entrampamientos judiciales, generalmente recursos iniciados pro organizaciones ambientalistas.
A modo de ejemplo y para dar cuenta de la demora un proyecto en entrar al sistema tras recibir la aprobación ambiental, se puede mencionar la segunda unidad de la termoeléctrica Bocamina, de Endesa, la que fue aprobada en agosto de 2007 y recién se espera su puesta en marcha para el primer trimestre del próximo año.
Proyectos emblemáticos
En el actual gobierno se ha dado el visto bueno ambiental a proyectos emblemáticos y controvertidos como la central termoeléctrica Castilla, propiedad del empresario brasileño Eike Batista, la que aportará más de 2.000 MW al Sistema Interconectado Central (SIC).
Pero el más significativo es HidroAysén, de la sociedad formada por Endesa y Colbún, el que fue aprobado en mayo de este año, pero que junto con tener pendiente la aprobación de la línea de transmisión, tiene instancias judiciales y administrativas en marcha, las que deberá zanjar el Comité de Ministros en el mediano plazo.
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