El sindicato de mecánicos de
Argentina comenzó hoy una huelga por tiempo indefinido en la planta
de General Motors en rechazo a una oleada de despidos de la compañía
automovilística estadounidense.
La huelga fue convocada al vencer la "conciliación obligatoria"
dictada por las autoridades laborales para que las partes negocien
una solución al conflicto y en momentos en que las multinacionales
de automoción instaladas en el país han suspendido o dado vacaciones
anticipadas a sus trabajadores a raíz de la caída de las ventas.
Los obreros acudieron a sus puestos en la planta de General
Motors en la provincia de Santa Fe (centro) pero no trabajan y están
en un estado de asamblea permanente, informaron fuentes del
sindicato de mecánicos, que amenaza con extender la protesta a otras
compañías automovilísticas.
Los portavoces indicaron que están a la espera de reanudar las
negociaciones con la compañía, que hace 15 días había anunciado el
despido de 435 trabajadores, decisión que fue congelada por el
Ministerio de Trabajo de Santa Fe a través de un "conciliación
obligatoria" que venció en la medianoche del lunes y la legislación
local impide que sea prorrogada.
En este sentido, se espera que las negociaciones se reanuden con
la intervención del ministro argentino de Trabajo, Carlos Tomada,
quien lleva adelante gestiones para frenar suspensiones y despidos
tanto en el sector de automoción como en otros afectados por los
coletazos de la crisis financiera global.
La mayoría de las multinacionales de automoción instaladas en
Argentina, de capitales estadounidenses, europeos y japoneses, han
despedido empleados contratados o suspendido a parte de su plantilla
permanente en vista de que sus exportaciones, la principal fuente de
sus ingresos, han bajado en un 30% a raíz de la crisis
global.
El Gobierno de Cristina Fernández prepara un millonario plan de
subsidios para sostener a la industria automovilística y otros
sectores afectados por la caída de las exportaciones y el consumo
doméstico.
La mandataria propuso la semana pasada al Parlamento unas leyes
que conceden beneficios impositivos a la repatriación de capitales y
para las empresas que regularicen su situación con el Fisco y pongan
en plantilla a los trabajadores "en negro" (fuera del registro
oficial), medidas que también apuntan a paliar los coletazos de la
crisis internacional.
Se calcula que unos 150.000 trabajadores, la mayor parte del
sector de automoción, el alimentario y la construcción, han sido
despedidos, suspendidos o están con vacaciones anticipadas.
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