La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado terminó este martes de despachar a su par de Hacienda el proyecto que modifica el fraccionamiento de las cuotas de pesca por especie, es decir, aquella norma que distribuye las pesquerías entre los sectores artesanal e industrial.
El proyecto, que en septiembre el Gobierno optó por tramitar de manera independiente al resto de la nueva Ley de Pesca, con el fin de agilizar su aprobación, ha contado con la oposición de la industria, cuyas cuotas se ven disminuidas y que ha alertado por eventuales efectos negativos para el empleo y la propia actividad pesquera.
En esa línea y con la iniciativa entrando a su recta final para ser aprobada en el Congreso, el gerente general de la pesquera y salmonera Camanchaca, Ricardo García Holtz, se pronunció sobre el proyecto.
Ricardo García Holtz, gerente general de Camanchaca.
En declaraciones enviadas a DF, el ejecutivo señaló que en Chile la pesca industrial “no es solo tradición”, sino que “una actividad clave que genera miles de empleos formales, aporta millones en impuestos y nos posiciona como líderes mundiales en exportación de proteínas del mar, de la que el jurel es el rey”.
No obstante, planteó que “este motor de progreso enfrenta vientos huracanados que paralizan su desarrollo, para perjuicio del país”.
Así, dijo que el Gobierno impulsa un cambio en el fraccionamiento para redistribuir recursos desde la pesca industrial hacia grandes armadores artesanales y que, además, busca subastar licencias “legítimamente otorgadas” hasta 2032.
“Ambas medidas, técnicamente deficientes y cargadas de populismo, socavan el equilibrio logrado por décadas y desincentivan la inversión en una actividad que transforma recursos marinos en alimentos de calidad para el mundo, que son de menor huella de carbono y de agua, que es lo que hoy se necesita”, arremetió.
García argumentó que el sector industrial opera destinando los peces al consumo humano, mientras que los grandes armadores se dedican a capturas que se usan para producir harina y aceite de pescado en las plantas industriales. Lo primero, dijo, requiere más inversión y empleo. “Desmantelar este equilibrio pone en riesgo empleos formales, la sostenibilidad de las pesquerías y la estabilidad de las comunidades costeras”, afirmó.
Con esto, postuló que la propuesta “provocará el derrumbe de inversiones, la precarización del empleo y el cierre de plantas industriales de consumo humano”.
De hecho, aseguró que la propia Camanchaca, de aprobarse el proyecto como tal, “deberá cerrar sus operaciones pesqueras en Iquique, dejando toda la compra de pesca artesanal en las manos de la única otra empresa que opera allí”. Esta compañía a la que alude es Corpesca, ligada al grupo Angelini, la firma involucrada en el caso que motiva las aspiraciones por una nueva Ley.
“Aún es posible evitar este desastre y la solución está en el Congreso”, proyectó García. “Se requiere una política pública que respete la ley vigente, que convoque a acuerdos como en los tiempos de los presidentes Aylwin, Lagos y Piñera, promoviendo ajustes equilibrados y permanentes en el fraccionamiento, sin subastas que destruyan valor. La pesca industrial ha demostrado ser un aliado en la generación de empleo, la sustentabilidad y la recuperación de pesquerías. Su contribución debe ser protegida y reconocida, no obstaculizada”.
Proyecto se definiría en Comisión Mixta y alertan por impacto al empleo en Biobío
De ser visada por la Comisión de Hacienda del Senado, la norma de fraccionamiento pasaría a la Sala, sin embargo, ya hay claridad de que se terminará de definir en una Comisión Mixta.
Así lo dijo el senador Fidel Espinoza (PS), presidente de la Comisión de Pesca, que sostuvo que “solamente de tres a cuatro pesquerías pasarán a una Comisión Mixta, por cuanto hubo contradicciones con lo que aprobó la Cámara”. Estas serían el jurel, la merluza común, la merluza austral y la jibia.
“Aquí tienen que dialogar (...) mucho más el sector pesquero artesanal con la industria, porque detrás de la industria también hay miles de fuentes de empleo que tenemos que salvaguardar, sobre todo en la Región del Biobío, que ha sido una región muy afectada con el tema del cierre de Huachipato”, afirmó.
La presidenta de los Pescadores Industriales de esta región, Macarena Cepeda, criticó “la persistencia del gobierno en el tema de las subastas” y sostuvo que “como lo han ya señalado importantes abogados de la plaza, la imposición de dicho mecanismo es expropiatorio e inconstitucional”.
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