Mientras las partes se enfilan hacia la recta final del arbitraje civil que -lo más probable- entregará la primera determinación judicial del caso Australis, la investigación penal sigue avanzando.
El juicio estalló a principios de 2023, cuando la gigante china Joyvio inició acciones legales contra el empresario chileno Isidoro Quiroga y su familia, quienes le vendieron la salmonera Australis Seafoods en US$ 921 millones, en una transacción que se cerró el año 2019.
Los controladores asiáticos acusan que Quiroga les ocultó una política de sobreproducción con que la empresa operaba por encima de los márgenes autorizados por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Los antiguos dueños, en contraste, han insistido en que Joyvio y sus ejecutivos siempre estuvieron al tanto de los indicadores de la firma y que, deliberadamente, continuaron produciendo en esos niveles por años.
Constanza Encina, fiscal adjunta de la Unidad de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Oriente.
El 4° Juzgado de Garantía aprobó una solicitud de la fiscal para revisar el correo de once personas.
Foto: Agencia Uno
En la arista penal -que se abrió luego de que los chinos y Australis ingresaran sendas querellas por estafa y administración desleal-, fue la fiscal adjunto de la unidad de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Oriente, Constanza Encina, quien tomó el caso.
El pasado 5 de noviembre, el 4° Juzgado de Garantía aprobó una solicitud de la fiscal para revisar el contenido de las cuentas de correo de la salmonera, vinculadas a once personas con pasado en la firma.
En esa lista, destacan el propio Quiroga; sus dos hijos, Isidoro y Benjamín, que eran directores de la compañía; el expresidente de la salmonera, Martín Guiloff; el exgerente general, Ricardo Misraji (quien falleció antes de que estallara el caso); y el exgerente de Finanzas, Santiago Garretón; además de otros cinco ejecutivos, dos de los cuales permanecen en la firma.
El motivo de la solicitud
Para justificar su requerimiento, la fiscal Encina planteó que, para efectos del caso, se hace esencial determinar dos cosas: el conocimiento de los imputados y de los querellantes de que Australis estaba implementando un plan productivo que infringía la normativa sectorial; y si es que existió un cambio criterio de la SMA para sancionar las infracciones relativas a sobreproducción, argumento que ha sido levantado por la defensa.
Particularmente sobre el último tema, Encina sostuvo que ha recabado antecedentes contradictorios al respecto. Uno de los testimonios clave es el de José Gago Sánchez, ejecutivo con vasta trayectoria en la industria acuícola, que asesoró a Joyvio durante la compraventa de Australis.
En su declaración a la Fiscalía, Gago concordó en la existencia del cambio de criterio de la SMA. Señaló que, antes, “para nadie una mayor producción se consideraba como una falta a la RCA. Es más, antes del cierre de la venta de Australis, hay solamente dos casos en Chile en que se sancionó la producción sobre el PT”. Asimismo, dijo que la sobreproducción, en esos dos casos, fue asociada a otros temas y considerada como una falta leve.
No obstante, la fiscal señaló que hay declaraciones que se contrastan. El gerente de Asuntos Regulatorios de Australis, Mauricio Delgado, presente en la compañía hace casi diez años, sostuvo que “la norma no ha variado. Me pidieron entonces revisar los parámetros (...) y en los tres Córdovas (centros cuestionados) marqué claramente que no cumple”.
En lo relativo al conocimiento de las partes, Encina expuso que la defensa mostró que, a partir de la información que entregó en la compraventa, “a partir de una simple comparación (entre proyecciones de cosecha y niveles permitidos) era posible constatar la sobreproducción”. Según los querellantes, hay correos que muestran la intención de esconder esa información.
Gago también consultado por ese tema. ¿Se podía constatar que la producción superaba lo proyectado en la RCA? El ejecutivo contestó: “En algunas concesiones sí. El tema está en cómo se interpretaba en esa época el cumplimiento de la RCA”.
Con todo lo anterior, la fiscal planteó que sólo revisando los correos podrán dilucidarse esas interrogantes, lo que fue recogido y aceptado por el Juzgado.
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