Cayó el cartel de los pollos. En un fallo que era esperado por los mundos empresarial y del derecho, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) acogió el requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), en noviembre de 2011, y sentenció que las empresas Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, más la Asociación de Productores Avícolas de Chile (APA), se coludieron en el mercado de los pollos por al menos diez años.
El organismo fijó las multas más altas para este tipo de acciones, al determinar para Agrosuper -ligada al empresario Gonzalo Vial- y Ariztía -relacionada a Manuel Ariztía- a pagar 30.000 UTA, unos US$ 25,4 millones cada una.
A Don Pollo, ligada a la familia Covarrubias Vives, la sancionó con US$ 10,1 millones, monto inferior al que pidió la FNE.
El Decreto Ley 211, que regula el sistema de libre competencia, establece desde 2009, una multa máxima de 30 mil UTA para casos de colusión.
Esta es la primera oportunidad en que el TDLC aplica una sanción por dicho máximo.
Asimismo, y en una medida inédita, el TDLC ordenó la disolución de la APA, que actuaba como coordinadora del cartel, aunque no le fijó multa, como había solicitado la FNE.
El fallo
El TDLC esgrime en su fallo de 186 páginas que las empresas cartelizadas acordaban limitar la producción de carne de pollo ofrecida al mercado nacional, asignándose cuotas de producción y comercialización. Tanto así, que este comportamiento se instituía como “una verdadera cultura de la colusión”.
La sentencia estableció la existencia del acuerdo ilícito mediante correos electrónicos y otra evidencia de coordinación entre las empresas.
El acuerdo entre las firmas, que concentran sobre el 80% de la oferta de carne de pollo a nivel nacional, consistió en proyectar la demanda futura de pollo y asignar cuotas de producción. También se acreditó que la APA tuvo un importante rol en la coordinación, ejecución y fiscalización de cumplimiento del acuerdo.
El Tribunal señaló que existe abundante evidencia de que las avícolas requeridas, mediante las proyecciones mencionadas y la coordinación, perseguían lograr un rango de fluctuación de precios, a través de la definición coordinada de un determinado nivel de producción.
“Este último ejercicio constituyó a todas luces una colusión, entendida como un acuerdo respecto de la cantidad a producir, con miras a alcanzar determinados precios o rangos de precios, restringiendo o suprimiendo la competencia entre sus partícipes. Durante cada año, el acuerdo fue controlado o ajustado mediante sugerencias de carga, matanza de crías u otras políticas o mecanismos coordinados”, indican en el TDLC.
El máximo tribunal de la libre competencia impuso sólo a Agrosuper la obligación de consultar previamente cualquier operación de concentración en este mercado en la que participen.
A las dependencias del TDLC concurrieron los ex ministros Andrea Butelmann y Radoslav Depolo, quienes estuvieron por imponer a Don Pollo una multa idéntica a Agrosuper y Ariztía; obligar a todas las avícolas requeridas a consultar previamente cualquier operación de concentración en este mercado en la que participen así como su participación en nuevas asociaciones gremiales; y, obligarlas a someterse a un programa de cumplimiento de la normativa de defensa de la libre competencia por cinco años.
Firmas irán a la Suprema
Las empresas coludidas y la APA fueron notificadas. Asimismo, todas las acusadas indicaron que apelarán a la Corte Suprema, exceptuando a Don Pollo que declinó a dar declaraciones.
En un comunicado, Agrosuper indicó que lamentan “profundamente el fallo”, e insistieron en que la empresa nunca participó del acuerdo imputado por la FNE. “Nos sorprende que los argumentos técnicos, económicos y jurídicos entregados por connotados economistas, abogados y entidades expertas, que refutan cada una de las líneas argumentales sostenidas por la fiscalía, no hayan sido tomados en cuenta”, lamentan en el holding de Gonzalo Vial.
Hernán Calderón, presidente de la Conadecus, advirtió que “hay que poner mucha atención en lo que está sucediendo con los productores de cerdo -asociados en la Asprocer-, que en ese tiempo tenía al mismo presidente de la APA”.
Casos históricos
Tres años después de que estallara el caso, el Tribunal establece su mayor multa en la historia al condenar a Agrosuper y Ariztía al pago de
US$ 25 millones cada uno y US$ 10 millones a Don Pollo. Previo a ello, el Caso Farmacias sembró un precedente después de que el ente sancionara a Salcobrand y Cruz Verde con US$ 20 millones, máximo en ese periodo, cada una. La decisión entendía que ambas farmacias se coludieron con Fasa para fijar precios de por lo menos 206 medicamentos. Anteriormente, la llamada "Guerra del plasma" destacó en el mercado por la multa que se impuso a Falabella (US$ 4,5 millones) y Paris (US$ 4,7 millones) ante colusión y de abuso de posición dominante.
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