En una extensa sesión de más de cinco horas, la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) rechazó las dos solicitudes de Espacios Costeros Marítimos de los Pueblos Originarios (ECMPO), Cisnes e Islas Huichas, que se sometieron a votación este jueves.
En la práctica, esto implicaba que un área del borde costero de la Región de Aysén pasara a estar bajo la administración de comunidades indígenas a través de un mecanismo establecido en la Ley Lafkenche.
Durante la semana, distintos actores de la industria salmonera, desde gremios nacionales hasta pequeñas agrupaciones productivas de Aysén, se manifestaron en contra de las solicitudes. Alegaron que en la zona, de más de 600 mil hectáreas, se localizan más de 300 concesiones acuícolas equivalentes al 45% del total instalado de la región y a cerca del 25% de la capacidad nacional de engorda de salmones.
Finalmente, en una discusión plagada de críticas al proceso y al modo de aplicación de la Ley Lafkenche, ambas solicitudes fueron rechazadas con una aplastante mayoría de los votos. Todas las entidades estatales involucradas, entre ellas la delegación presidencial regional de Aysén, dirigida por Rodrigo Araya Morales, votaron en contra.
Parte de las críticas se orientaron hacia el hecho de que, durante los años que se analizaron las solicitudes, las inversiones y proyectos se congelaron en ese espacio.
Francisco Roncagliolo, alcalde de la comuna de Cisnes, una de las que se veía directamente involucrada en las ECMPO, dijo que “no dimensionan ni reconocen lo que significa estar siete años sin inversión en las localidades”. En esa línea, el edil calificó a las comunidades solicitantes como “irresponsables” por pedir estos espacios sin las fundamentaciones adecuadas y dijo que esa discusión sobre la Ley Lafkenche ya se ha instalado y es necesario seguirla.
En contraste, Daniel Caniullán, representante de las comunidades indígenas, lamentó que se demoraran tantos años en hacer llegar los argumentos expuestos durante las últimas semanas y acusaron un abandono político a los pueblos originarios de la zona.
Reacciones
Tomás Monge, director territorial de SalmonChile, señaló que “debemos sacar lecciones de este proceso. En la sesión de hoy, la mayoría de los miembros de la CRUBC criticamos la opacidad y falta de espacios reales de participación en estas dos solicitudes. Creemos que, a futuro, la Región de Aysén merece mejores instancias de diálogo y trabajo participativo, sobre todo frente a temas de ordenamiento territorial”.
El directivo agregó que “como sector salmonicultor (...) seguiremos estando disponibles para conversar y generar acuerdos que apunten a avanzar hacia la acuicultura del futuro, tomando en cuenta la opinión de los diversos actores que forman parte de esta mesa”.
En la misma línea, Loreto Seguel, presidenta del Consejo del Salmón, dijo que “como país, enfrentamos el desafío de alcanzar acuerdos que velen por la protección y resguardo colectivo, donde todas las voces, incluidas las de los pueblos originarios, sean consideradas desde el inicio del debate, garantizando acceso equitativo a la información en beneficio de Chile en su conjunto”.
Además, sostuvo que “nos comprometemos a continuar fomentando el diálogo con los habitantes de las zonas donde operamos, con el objetivo de proyectar la salmonicultura sostenible en la zona austral. Respaldaremos las instancias destinadas a mejorar la ley Lafkenche, que, aunque bien intencionada, presenta falencias”.
Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional, valoró la decisión del CRUBC y sostuvo que esto entregaba continuidad y certezas para la región. “Agradecemos al Gobierno por escuchar y proteger a gremios, emprendedores y trabajadores, quienes visibilizaron desde un comienzo el daño que podría haber tenido su aprobación”, dijo.
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