Luego de un año de paralización, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) reanudó el proceso de licitación para los almacenes de venta libre, o Duty Free Shop, del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago.
La suspensión había sido ordenada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en enero de 2024, tras una consulta presentada por la concesionaria Nuevo Pudahuel, que cuestionaba si las bases de licitación garantizaban una competencia justa.
Se espera que la adjudicación de los almacenes de venta libre sea a mediados de 2025.
No obstante, en octubre de 2024 se llevó a cabo una audiencia pública en el TDLC, donde participaron representantes legales de Nuevo Pudahuel, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Fiscalía Nacional Económica y la empresa panameña Motta Internacional, actual operadora de almacenes de venta libre. Y tras evaluar los argumentos de las partes, el tribunal decidió levantar la suspensión y permitir que el proceso siguiera su curso.
Así, en la mañana del martes la DGAC, luego de la decisión del Tribunal, decidió reanudar el proceso. En su anuncio, la entidad recalcó que la recepción y la apertura de las ofertas se realizará en un plazo de 90 días corridos desde la fecha; y se espera que la adjudicación se concrete a mediados de 2025.
Falta de competencia
El conflicto en torno a la licitación de los almacenes de venta libre en el aeropuerto de Santiago se remonta a principios de 2023, cuando se presentaron las bases para la adjudicación de la explotación de estos recintos. En octubre de ese mismo año, se realizó el llamado a licitación, pero el proceso fue detenido tras la presentación del escrito de Nuevo Pudahuel ante el TDLC.
La concesionaria argumentó que las bases de licitación presentaban serias amenazas para la libre competencia, al desincentivar la participación de oferentes y generar condiciones que podrían traducirse en precios más altos y menor variedad de productos para los consumidores.
Entre sus principales objeciones, destacaron la falta de criterios objetivos para la explotación parcial de las superficies concesionadas, lo que podría perjudicar la eficiencia y calidad del servicio; además de una duración excesiva de la concesión, contraria a la práctica internacional, que podría afectar la innovación y la renovación en la oferta de productos y servicios.
A esto se le suma la falta de garantías para generar un mercado competitivo, lo que podría derivar en precios más altos y menor diversidad de productos.
“Las bases de licitación no logran el objetivo de generar el nivel necesario de competencia para asignar esta concesión; en consecuencia, el mercado resultante de la licitación no emulará uno competitivo”, afirmó Nuevo Pudahuel en su documento ante el TDLC.
La concesionaria también sostuvo que la falta de interés en la licitación evidenciaba los riesgos que presentaban las bases. “El proceso de preguntas y respuestas muestra un bajo interés de la industria, reflejado en el escaso número de interesados que realizaron consultas. Además, solo la actual concesionaria solicitó y realizó visitas a las instalaciones, lo que pone de manifiesto el nulo atractivo del proceso”.
Cabe precisar que la actual concesionaria, World Duty Free -controlada por el grupo multinacional Dufry- comenzó a operar en las instalaciones a mediados de los ‘90, y ha podido alargar el contrato gracias a sucesivas prórrogas.
Otras respuestas
Pero desde la otra vereda, no veían conflicto alguno. Por ejemplo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) -en representación del Fisco, del Ministerio de Defensa y Hacienda, la DGAC y del Servicio Nacional de Aduanas- detalló que el caso en cuestión involucra la existencia de un monopolio legal, el cual no presenta ningún obstáculo según las normativas de libre competencia.
La institución añadió que pese a este monopolio, la administración ha trabajado en colaboración con organismos estatales y con la participación activa de empresas para asegurar el principio de libre concurrencia de los oferentes; y enfatizó que ninguna de las hipótesis que podrían indicar distorsiones significativas se aplica a las bases objetadas.
En tanto, Motta Internacional enfatizó que no existen en el proceso antecedentes suficientes que constituyan una presunción grave de que las bases de licitación consultadas afectan la libre competencia en el mercado concernido.
Mientras que la FNE agregó que la mayoría de las disposiciones de las bases que fueron cuestionadas por Nuevo Pudahuel “no tienen la capacidad de generar distorsiones competitivas en el proceso de selección del concesionario”, debido a que cumplen con los estándares y buenas prácticas.
Aún así, la Fiscalía destacó que si existen algunos elementos en las actuales bases de licitación que restringirían injustificadamente la competencia del proceso, lo que llevó a la entidad a recomendar evaluar su modificación y/o eliminación.
Y en lo que respecta a la duración de la concesión, la FNE señaló que sería necesario establecer un término de la concesión del Duty Free en paralelo con el fin de la concesión del operador aeroportuario.
Pero estas recomendaciones no fueron tomadas por la DGAC para el actual proceso de licitación.
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