Agilizar el transporte de cargas marítimas, mejorar el mercado laboral en el sector portuario y viabilizar inversiones a futuro. Esa son parte de las promesas que hoy hacen desde el Gobierno en el caso de que se aprueben los cambios ingresados al proyecto que modifica la Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Navegación, el cual busca potenciar la competencia en el mercado de cabotaje marítimo.
El pasado 13 de marzo los ministerios de Economía, Transportes y Telecomunicaciones y Defensa, junto con el Presidente Gabriel Boric, ingresaron a la Cámara de Diputados un documento que contenía, al menos, diez modificaciones al proyecto presentado por la administración anterior con la idea de brindar “un piso ágil en el Congreso” durante su tramitación. Y, con ello, facilitar la aprobación de la iniciativa que hoy cuenta con urgencia simple.
Aquella fue parte de la explicación del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, quien durante la tarde de este martes asistió a la Comisión de Obras Públicas de la Cámara en compañía del ministro de Economía, Nicolás Grau, para dar a conocer el detalle de los planteamientos del Gobierno. Aseguraron que la industria actual presenta problemas tales como la ineficiencia, altas tarifas, doble pago por recorrido y un bajo crecimiento, y es ahí la urgencia de “avanzar a una industria que esté menos concentrada”.
“El cálculo general de lo que hace este proyecto en términos de sus ganancias de eficiencia tiene un rango de US$90 millones y US$186 millones, dependiendo de los supuestos que uno haga”, explicó Grau.
Modalidad waiver
En ese contexto, aclararon que comparten “la inspiración” del proyecto ingresado por el gobierno anterior. Sin embargo, “la estrategia generó mucha resistencia, le quitaba viabilidad política, y ciertas preocupaciones, como el impacto que podría tener en el empleo nacional”, dijo Grau. Los secretarios de Estado sostuvieron que las indicaciones firmadas por Boric apuntan a restablecer la reserva de cabotaje mediante la flexibilización de los mecanismos de excepción y eliminar restricciones para generar más competencia.
En la práctica, estos cambios se van a traducir en la extensión de la modalidad waiver, que permitirá que en casos en los cuales no exista un operador nacional, el transporte de carga quede en manos de un operador extranjero.
Además, se eliminará la facultad discrecional de la autoridad marítima para excluir a las naves extranjeras para este mecanismo. “Es decir, vamos a dar más certezas a quienes quieran participar de ese proceso”, indicó Grau.
Y respecto del arriendo de naves, el Gobierno pretende simplificar los procedimientos y ampliar los plazos establecidos. “En la actualidad, cuando llega un barco del extranjero y deja containers en Valparaíso o San Antonio, cuando va a otra ruta o se devuelve no puede llevar nada en su interior que vaya a dejar en algún puerto nacional, y eso es una pérdida total de eficiencia”, sostuvo.
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