Jetsmart perdió en octubre pasado nueve frecuencias semanales en la ruta Santiago-Lima, luego de una licitación lanzada por la JAC en la que sus competidores -Latam Airlines y Sky- se las adjudicaron tras pagar un total de $4 mil millones por ellas.
Frente a esto, la aerolínea low cost -propiedad del fondo norteamericano Indigo Partners- realizó una consulta ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para que indagara en el mecanismo de asignación de frecuencias, dado que -a juicio de ellos- la regulación chilena no se basaba en fomentar la competencia, si no que sólo en la capacidad financiera de los asignatarios.
Tras nueve meses de esa licitación, este miércoles se llevó a cabo la audiencia pública del TDLC en el marco de la consulta, instancia en que Latam y la low cosat se vieron cara a cara y explicaron sus posturas frente al Tribunal.
Tanto Jetsmart, como la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la Junta Aeronáutica Civil (JAC), Latam Airlines y la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), presentaron argumentos.
El primero en exponer fue Jetsmart, donde presentó las condiciones de competencia actuales en el mercado de la ruta Santiago - Lima, y apeló "a la necesaria intervención del Tribunal con el objetivo de asegurar la desafiabilidad del mercado relevante y evitar riesgos exclusorios que impactan negativamente a los usuarios y las condiciones competitivas del mercado".
Por su parte Latam, sostuvo que "Jetsmart es el único actor del mercado o autoridad sectorial que tiene un problema con las bases de licitación de frecuencias aéreas y que ve en ellas supuestos riesgos anticompetitivos",
En esa línea, Latam solicitó al TDLC que considere sus observaciones y que "se tenga presente la improcedencia de las solicitudes de JetSmart en su consulta reforzando que las bases de licitación se ajustan a la normativa vigente".
Consultados por DF sobre el tema, JetSmart afirmó que "rechaza categóricamente las afirmaciones infundadas de Latam durante la audiencia, relacionadas con supuesta mala fe, pretensión de ser protegido o subsidiado y, en general, al proceder de la aerolínea".
"Los fundamentos facticos y jurídicos presentados por JetSmart mantienen plena vigencia y son respaldo suficiente para la pretensión que busca la igualdad de condiciones para los actores del mercado en pro de la sana competencia, de manera que la cancha sea la misma para todos y en beneficio de todos los chilenos y del país", puntualizó la low cost.
Intervención de la JAC
La Junta de Aeronáutica Civil (JAC) indicó que las bases consultadas se ajustan plenamente a derecho y no contienen aspecto alguno que pueda atentar contra la libre competencia, no obstante, señaló que "existen ciertas condiciones que dificultan una competencia justa entre los operadores nacionales, específicamente la restricción en el número de frecuencias semanales disponibles impuesta por Perú y la circunstancia de que algunas de dichas frecuencias, asignadas a Latam y Sky, tienen vigencia indefinida".
En relación a lo anterior, la autoridad aeronáutica dio cuenta de las acciones que han llevado a cabo para promover la competencia en la ruta.
Con esto, el secretario general de la JAC, Martin Mackenna, afirmó que "la primera de estas tiene que ver con buscar una solución definitiva para solucionar el problema de competencia en este mercado, que es la negociación de un nuevo acuerdo (con Perú) que amplíe o simplemente quite todas las restricciones al número de frecuencias".
En esa línea, señaló que desde el año 2017 se han enviado más de diez aproximaciones formales de negociación, y que en julio de 2024 se reunieron con el embajador de Chile en Perú, con el canciller del Perú, el ministro de Transporte del Perú, la ministra de Comercio Exterior y Turismo del Perú, "buscando transmitir la urgencia de mejorar el acuerdo para darle una solución definitiva a este problema de competencia".
"Vemos con optimismo la posibilidad de avanzar con nuestro país vecino. Sin embargo, debemos seguir trabajando en acciones que nos permitan distribuir de la mejor forma este recurso que al día de hoy sigue siendo escaso", puntualizó Mackenna.
Sumado a esto, explicó que además desde la JAC impulsaron un nuevo reglamento sobre licitación de frecuencias, cuyo texto está actualmente sometido a consulta ciudadana, el cual incluye nuevas reglas de asignación y de abandono de frecuencias más exigente, "con el propósito de hacer más eficiente el uso de este recurso escaso".
Visión de la FNE: "No infringe la libre competencia"
A ojos de la FNE, "las bases de licitación no infringen las disposiciones del DL 211". Esto, porque según explica, "los cuestionamientos a las Bases de Licitación, como los efectuados al criterio de adjudicación, constituyen la aplicación de la normativa sectorial vigente y que, por consiguiente, la JAC no cuenta con discrecionalidad para actuar en forma diversa a la que le mandata el ordenamiento jurídico".
Asimismo, sostuvo que en aquellos aspectos en que la JAC gozaba de algún grado de discrecionalidad, las reglas establecidas en las bases de licitación no implicaron, "una limitación a la participación de los oferentes, o la posibilidad de éstos de rivalizar".
No obstante, advirtieron que "existen elementos de la normativa sectorial que preocupan a esta Fiscalía y deben ser revisados en profundidad desde una perspectiva de libre competencia, de forma de evaluar, luego de recabados los antecedentes pertinentes, la necesidad de recomendar fundadamente modificaciones a la normativa legal y reglamentaria que regula la asignación, uso, abandono y relicitación de las frecuencias aéreas restringidas que han sido asignadas a distintos operadores aéreos, así como la necesidad de establecer límites adicionales a la adquisición o tenencia de dichas frecuencias áreas".
Valoración de Conadecus
En esa línea, el abogado y vicepresidente de Conadecus, Marco Zepeda, señaló que "como Conadecus consideramos que por las condiciones de la licitación de las frecuencias aéreas de Santiago a Lima, existe un riesgo de una eventual concentración de mercado con un actor que presenta una posición dominante", asegurando que existe jurisprudencia respecto a la necesidad que tiene el Estado de intervenir para que esto no ocurra ,como fue el caso de la Licitación de la Red de Telecomunicaciones efectuada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
"En efecto son más de un millón de vuelos al año los que se generan en esta frecuencia, y por lo tanto nos preocupa que una concentración de mercado en definitiva perjudique las condiciones a las que puede optar el consumidor", agregó.
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