El panorama de Nova Austral se hace cada vez más turbulento. A fines de junio, la salmonera -principal empresa de Tierra del Fuego-, solicitó su reorganización judicial. La compañía controlada por capitales noruegos reveló deudas por unos US$ 560 millones y apuntó principalmente a las multas impuestas por las autoridades, que la han castigado por una serie de infracciones que datan, en su gran mayoría, de la administración anterior.
Los principales acreedores son sus tenedores de bonos, representados por la entidad europea Nordic Trustee. A ellos, Nova Austral les adeuda unos US$ 415 millones. Diario Financiero reveló que, entre estos bonistas, destacan Moneda Asset Management, la administradora de fondos chilena controlada por la brasileña Patria, y la familia Solari Donaggio (de los hermanos Carlo, Sandro y Piero, parte del pacto de accionistas que controla Falabella), a través de su sociedad Megeve Investments.
Fratelli Investments se refirió a un mecanismo mediante el cual el directorio de Nova Austral, en 2018, habría traspasado su capital social a las sociedades matrices, dejando sin fondos a Nova Austral, que era el verdadero deudor de los bonos.
Ahora, estos últimos decidieron tomar acciones legales. Mediante otra de sus sociedades, Fratelli Investments, los inversionistas presentaron una querella por estafa contra una serie de personas ligadas a Nova Austral.
La salmonera es controlada por el fondo noruego Altor, que en 2022 se quedó con la participación de Bain Capital, fondo estadounidense con que controlaba la empresa en conjunto. Representantes de ambas entidades figuran como querellados.
Así, la arremetida legal patrocinada por el penalista Carlos Cortés Guzmán, está dirigida a Tom Christian Jovik, director de la empresa y principal de Altor; Yngve Myhre, expresidente del directorio de Nova Austral; Halvor Meyer, exdirector de la compañía y socio de Bain capital; Nicos Nicolaides, exgerente general de Nova Austral, y Sergio Andrés Montenegro, exdirector financiero.
Conocedores del caso señalan que Moneda también estaría evaluando acciones legales en una línea similar a la de los Solari, aunque al haber invertido en distintas fechas, podrían cambiar los cargos.
La querella ya fue declarada admisible por el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir.
Acusación apunta a engaño al emitir bonos
La revocación de tres concesiones a Nova Austral, que significó un fallo histórico de parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), respondió a casos de sobreproducción ocurridos durante la administración de Nicolaides.
Estos mismos hechos, tienen al exgerente general y otros cuatro exejecutivos formalizados. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) los acusó de entregar información falsa al Fisco y de abusar de la Ley Navarino, que entrega beneficios a compañías que se instalan en la Región de Magallanes.
Cuando todos estos hechos salieron a la luz, la empresa se hizo blanco de multas y desde ahí que su situación financiera ha ido en picada. Y es desde ahí que nace la querella de los Solari.
“Durante el año 2017, los querellados (...) planearon, desarrollaron y ejecutaron un plan criminal afín de obtener fraudulentamente recursos para la compañía”, comienza el relato de la querella.
El escrito argumenta que la salmonera aparentó una “triple línea de hechos falsos”, dando a entender que la compañía cumplía con altos estándares medioambientales; con un estándar de producción superior al mercado, y disimulando su situación financiera, “a fin de ocultar su estado de insolvencia”.
“Disimularon la situación de la empresa a fin de obtener que terceros les entregasen millonarias sumas de dinero para luego disponer del mismo y deshuesar íntegramente a la empresa (…) A lo menos, desde el año 2016, la compañía incurría en graves infracciones legales, administrativas y medioambientales, que implicaban una situación diametralmente distinta a la aparentada”, atacaron los abogados.
“Vaciamiento patrimonial”
Así, la sociedad de los Solari acusa que los inversionistas fueron engañados al momento de apostar por bonos de la empresa. De esta manera, cifraron el monto de la estafa en US$ 300 millones por medios ilícitos, aludiendo a un bono que la compañía emitió por ese valor en 2017, sabiendo que “incumplía severamente las normas medioambientales chilenas”.
Y junto con ello, acusaron a los representantes del directorio de la empresa de haber materializado un “plan criminal”: en términos simples, denuncian que, en 2018, los querellados que formaban parte del directorio aprobaron una disminución efectiva del capital social, transfiriéndolo a las sociedades matrices, en perjuicio de la misma empresa Nova Austral, que figuraba como deudor del bono.
De este modo, afirman que se habría efectuado un “vaciamiento patrimonial” por el que la salmonera se convirtió en una compañía con “un capital ínfimo, sin respaldo patrimonial, y sabiendo que el flujo que generaba la venta de salmones estaba con los días contados”.
Respecto de esta querella, Nova Austral argumentó que ésta no va dirigida en contra de la compañía, “sino que se enmarca en un conflicto entre accionistas y tenedores de bonos por hechos no relacionados a la actual administración de la empresa”.
Añaden que, por este motivo, no se altera la operación ni el proceso de reorganización judicial de la firma.
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