El lunes 15 de julio, la semana siguiente a la cual la industria salmonera se reunió en un multitudinario evento en Frutillar, la subdirectora de Campañas de Greenpeace, Estefanía González, publicó una columna de opinión en Radio Biobío titulada “la profunda avaricia de la salmonicultura en Chile”.
“Han arrasado con el sur de nuestro país, contaminado sus aguas y sembrado la discordia entre sus comunidades. Han logrado que las autoridades miren al costado cada vez que surgen denuncias de mal accionar. Han ganado millones de dólares en cosechas ilegales de sus productos; se han beneficiado con miles de millones de pesos provenientes de las arcas fiscales… ¿y quieren más?”, escribió la activista, apuntando directamente al presidente de SalmonChile, Arturo Clément, que había acusado un “ninguneo” hacia la industria y señales negativas por parte de las autoridades hacia el sector.
Asimismo, refutó al exPresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que sostuvo que las salmoneras habían crecido “sin un peso del Estado” y aseguró que la industria ha recibido millonarios subsidios, como por ejemplo con la Ley Navarino, norma que entrega beneficios tributarios a empresas que se instalan en la zona más austral del país. Además, se refirió directamente a Multi X, luego de que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) abriera un procedimiento sancionatorio en su contra por sobreproducción en un centro de salmones, y la comparó con el caso de Nova Austral.
Cristián Swett, gerente general de Multi X. Imagen tomada de la página web de la compañía.
La respuesta de la salmonera
Tras esto, el gerente general de Multi X, Cristián Swett salió al paso y, el 17 de julio, con una columna en ese mismo medio, respondió a Greenpeace. “Profundiza mi preocupación por la falta de objetividad que han demostrado algunas ONGs ambientalistas, lo que se ve reflejado claramente en dicho artículo. La columna está plagada de información falsa, de imprecisiones y generalizaciones”, escribió.
Multi X es una de las salmoneras más grandes del país -la mayor de origen chileno- y está ligado a los empresarios José Ramón Gutiérrez, Alberto del Pedregal, Martín Borda y Carlos Pucci, además de la japonesa Mitsui y la estadounidense Cargill.
En lo relativo a la Ley Navarino, Swett acotó que esta regulación es de hace casi 50 años y fue una forma de fomentar la generación de actividad pesquera en la Provincia de Tierra del Fuego, en la que se produce menos del 3% del salmón, y que no fue concebida como un subsidio a la industria acuícola, sino que a la pesca en general.
“Sostiene también que siempre que se levanta una piedra hay problemas en la industria. Sin embargo, la evidencia sugiere algo muy distinto: solo un 0,1% de las 12.500 fiscalizaciones realizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en la última década han terminado en procesos sancionatorios”, agregó Swett.
Respecto al caso de sobreproducción, planteó que Greenpeace mostró “su mala fe” al asegurar que fue intencionada y que González sabe que esto no esreal.
Así, acusó que Greenpeace tiene un “considerable poder de desinformación” que desarrolla “sin el debido control, ni escrutinio público”, con lo que arremetió ante el financiamiento de la industria. “Ante eso, es válido preguntarse, ¿a qué intereses responden realmente estas ONGs? Estas entidades operan con millonarios recursos financieros cuyo origen ocultan deliberadamente. ¿Por qué estas organizaciones, que afectan directamente a nuestra industria, a nuestros colaboradores y proveedores, no divulgan la procedencia de sus fondos?”, dijo.
Y añadió: “Es imperativo que se discuta una ley que regule y exija la rendición de cuentas y transparente a quienes financian a estas ONGs. Por nuestra parte, reafirmamos nuestro compromiso con la verdad y la responsabilidad en todas nuestras operaciones, y solicitamos al mundo político que se les exija a las ONG operar con la misma lógica”.
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