Este martes, en una entrevista publicada por Diario Financiero, Sebastián Pérez, presidente de Nutre Chile -gremio que agrupa a una docena de concesionarias del Programa de Alimentación Escolar (PAE)- de Junaeb, reclamó una deuda de $ 50 mil millones de la institución con las compañías por concepto de estabilidad operacional.
Si bien descartó responsabilizar a la administración actual y aludió a un problema que se arrastraba desde la pandemia, acusó que esa deuda tiene a las firmas con problemas de caja y criticó la lenta adjudicación de las licitaciones.
Tras la entrevista, Junaeb envió una declaración a este medio en la que negó la versión del dirigente. “No es efectivo que exista una deuda de $ 50 mil millones hacia las empresas operadoras del PAE correspondientes al mecanismo de estabilidad operacional”, aseguró la entidad. “Del mismo modo, es falso que, por el mismo concepto, se arrastre una deuda hacia las empresas desde 2022 a la fecha. Por el contrario, los montos correspondientes a 2022 y 2023 ya fueron debidamente cancelados”.
“El programa comenzó a operar sin inconvenientes ni demoras, llegando de manera oportuna con el servicio a los estudiantes que retomaron sus actividades”, dijo Junaeb.
Junaeb sostuvo que ya está trabajando en los pagos correspondientes al periodo 2024, dentro de los plazos habituales y que “dicha situación quedará subsanada una vez que se realicen los procedimientos que garantizan el resguardo y el buen uso de los recursos públicos”.
Sobre la puesta en marcha del PAE 2025, Pérez había criticado que recién se adjudicó el 21 de febrero, lo que implicó complejidades adicionales para las concesionarias.
Al respecto, Junaeb sostuvo que “el programa comenzó a operar sin inconvenientes ni demoras, llegando de manera oportuna con el servicio a los estudiantes que retomaron sus actividades”.
Respuesta de NutreChile
El gremio volvió a retrucar a Junaeb y, en una declaración, su presidente sostuvo que efectivamente la institución, entre que se realizó la entrevista -viernes 8 de marzo- y los días posteriores, "ha notificado una serie de montos determinados en favor de las empresas, lo que constituye un avance en la problemática de arrastre que se esbozó en la entrevista".
Pérez dijo que esas disposiciones de recursos han contribuido a aplacar los problemas financieros urgentes, pero que "aún persisten compromisos financieros pendientes con las empresas encargadas de la alimentación escolar, lo que sigue generando incertidumbre en la operatividad del servicio".
Respecto a la adjudicación en febrero, insistió en que las empresas necesitan más tiempo para organizar sus operaciones y garantizar un servicio de calidad, por lo que reiteró el llamado a iniciar el proceso licitatorio en julio para tenerlo listo en diciembre.
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