Hace casi dos meses, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ingresó un requerimiento por colusión en contra de Indura y Linde, los dos principales actores del área de gases industriales y medicinales del país.
Uno de los afectados por la colusión habría sido el Hospital Félix Bulnes, que en mayo de 2020 convocó a una licitación pública para el suministro de oxígeno. Luego de que Linde se la adjudicara, según el requerimiento de la FNE, Indura se contactó con su competidora para que cancelara, puesto que según el acuerdo, ese cliente le correspondía a ellos.
Mientras que Linde se acogió a delación compensada y admitió las acusaciones, Indura optó por negar tajantemente los hechos.
Tras conocerse la acusación, el Félix Bulnes pidió la entrega de una serie de antecedentes a Indura, la cual respondió el 21 de junio mediante una carta, a la que tuvo acceso DF. En la misiva, firmada por la actual gerenta general, Claudia Sánchez, se insistió en que una auditoría forense e investigaciones y análisis independientes, concluyeron que no se configuró un acuerdo colusorio o cartel.
La ejecutiva sostuvo que Indura apoyó “de manera incondicional” el traslado de pacientes a la operación de la nueva sede de Cerro Navia, para lo cual “se usaron cilindros de gas de propiedad de Indura que estaban destinados a otras sedes y que fueron redirigidos en forma urgente, lo que generó grandes dificultades logísticas que Indura tuvo que enfrentar y resolver de buena voluntad”.
Agregó que incluso suministraron gases cuando el presupuesto del establecimiento de salud se había agotado, lo que “permitió que el Hospital no quedara desabastecido”.
El caso del oxígeno
Respecto a la licitación de 2020, también negó la existencia de un acuerdo anticompetitivo y adjuntó una planilla Excel con todas las facturas relativas a ese contrato. En un párrafo que aludiría a la oferta de Linde, Sánchez aseguró que lo que ocurrió fue que “uno de nuestros competidores hizo una propuesta irreal -e imposible de cumplir- de tres días para la instalación de un nuevo tanque de 6.000 litros, respecto de la cual en el proceso de licitación no hubo foro inverso por parte del Hospital con preguntas acerca de la forma en que dicha compañía pretendía cumplir el plazo”. Esa operación, dijo la gerenta de Indura, hubiese demorado a lo menos 15 días, significando además una responsabilidad legal para esa firma, “porque en el traspaso de un proveedor a otro, delimitar responsabilidades habría sido muy difícil, sino imposible”.
La ejecutiva argumentó que la compañía “priorizó salvar vidas” y que las imputaciones no tienen fundamento. Además, apuntó al Félix Bulnes: “Indura confía en que el Hospital actuará de buena fe en el procedimiento y colaborará en el esclarecimiento de los hechos”.
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