No salió humo blanco. El segundo intento por buscar una salida amistosa a la demanda presentada a fines de 2015 por el Sernac en contra de Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, para buscar una compensación a consumidores derivada de una colusión, no llegó a buen puerto.
Este jueves se realizó una audiencia de conciliación en el 29° Juzgado Civil de Santiago, donde llegaron los abogados José Huerta, Nicolás Vergara, José Tomás Barros y Jorge Alfredo Waugh, por las empresas, y el representante de Sernac, Luis Álvarez. Tras una hora de encuentro, finalmente salieron sin un acuerdo.
La opción de buscar una salida alternativa surgió una vez terminada la etapa de pruebas, cuando la jueza que lleva la causa llamó a las partes a una conciliación, procedimiento habitual en la tramitación de este tipo de juicios, explicó el Sernac. Tras esto, el juicio sigue su curso.
Consultado el organismo público, señalaron que "hay que indicar que los tribunales siempre pueden llamar a nuevas conciliaciones. En caso que ello ocurriera a futuro, el Servicio evaluará la factibilidad de establecer bases económicas para un eventual acuerdo con las empresas, pero buscando siempre salvaguardar el propósito de la demanda colectiva, y que no es otro que todos los consumidores que fueron afectados sean adecuadamente compensados por las empresas".
El denominado caso de colusión de pollos fue un proceso que impulsó la Fiscalía Nacional Económica en contra de Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, así como la asociación gremial que las reunía, donde se les acusó y sancionó por haber acordado la producción nacional de la carne durante 15 años, otorgándose cuotas de producción para manipular precios.
En 2015, la Corte Suprema ratificó las multas impuestas por el TDLC, que consistían en US$ 23,3 millones de la época para Agrosuper y Ariztía, así como US$ 9,3 millones para Don Pollo.
Además se resolvió disolver la Asociación de Productores Avícolas y pagar una multa de US$ 1,6 millones.
En la demanda del Sernac, se pide precisar el grupo de consumidores afectados en base a parámetros objetivos. Uno de los argumentos centrales para pedir un monto de compensación estará basado en un informe que FNE presentó durante el juicio ante el TDLC, donde señala que el aumento artificial del precio de los pollos habría sido de un 14%, según informó el Sernac en 2015.
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