Este jueves, el Consejo del Salmón -gremio que agrupa a cinco grandes compañías de esta industria, que representan en torno al 50% de la producción nacional- presentó su Reporte de Impacto Sostenible (RIS) de 2023, en el que analiza una serie de indicadores ambientales, laborales, económicos y sociales en torno a las compañías de la asociación.
Dentro de todo ese análisis, destaca una caída en los aspectos operativos de la industria. Los centros de cultivos activos cayeron de 264 a 246 durante el año y el total de trabajadores de las empresas bajó un 8%, a 12.241 empleados.
Si bien en el dato hay una cierta incidencia por el caso Australis -compañía que tuvo que recortarse con fuerza tras las sobreproducciones masivas-, la presidenta del Consejo, Loreto Seguel, advierte que esto tiene que ver con una situación transversal al rubro. “Hay un estancamiento. Yo creo que nuestro RIS es un llamado de alerta, es ratificar lo que venimos diciendo”, dice en conversación con DF.
La dirigenta plantea que la industria no crece ni se desarrolla. “El problema de fondo es que tenemos las concesiones congeladas hace años, más de cinco, seis o siete años. No hay una política de Estado para que esta industria crezca”.
Seguel alude a que la salmonicultura es el segundo mayor sector exportador en Chile, pero que el país se ha ido quedando atrás en comparación a su principal competidor, Noruega. A eso, añade que ahora también Escocia generó un plan para potenciar la acuicultura: “Hay una pérdida importante de la industria salmonicultora respecto de la necesidad de crecimiento económico (...) llega el momento en que hay que hacerse cargo de esta industria. Y hacerse cargo significa sentarnos en la mesa y proyectarla normativamente”.
Las nuevas contrataciones cayeron un 29% durante el año, a 1.116. “Cuando todo es incierto, nadie está disponible a invertir, nadie está disponible a apostar”, analiza la presidenta del Consejo.
Loreto Seguel, presidenta del Consejo del Salmón
“Hoy día la autoridad es capaz de verbalizar que esta industria es importante”.
Cambios en el Gobierno
Durante la administración del Presidente Gabriel Boric, las relaciones entre salmoneras y el Ejecutivo habían destacado por los roces entre ambas partes. Fricciones que llegaron a su punto más alto cuando se tramitó la Ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), cuando las compañías casi fueron excluidas de operar en estos lugares.
Al respecto, Seguel sostiene que han logrado avanzar en esa relación. “Yo creo que más allá de las ideologías y las concepciones iniciales que se podían tener, en los hechos, lo que ha ido pasando es que esta industria era y es tremendamente relevante, y siento que estamos en un momento donde se generó la energía necesaria para que se valore eso”.
En ese sentido, estima que “hemos logrado trascender y hemos llegado a una instancia pública y política donde hoy día la autoridad es capaz de verbalizar que esta industria es importante”.
Con todo lo anterior, apunta a que, si bien es importante valorar esas declaraciones, ahora hay que pasar a la acción. “Necesitamos resultados en el corto plazo”, reitera.
Seguel, eso sí, es consciente de que existe una mala percepción acerca de las prácticas de la industria, pero asegura que las compañías han cambiado profundamente: “Tenemos desafíos de poder comunicar de mejor forma la transformación que tuvo esta industria. Yo me doy cuenta que mucha gente quedó anclada a ese virus ISA, a esa industria autorregulada, a esa jaula de madera (...) No hemos sido capaces de comunicar adecuadamente el desarrollo tecnológico que hay en esto, de comunicar los esfuerzos públicos, privados y científicos que se tienen al respecto”.
Ley acuícola y agenda corta
Sobre los proyectos que vienen para el futuro de la industria, Seguel diferencia entre la futura Ley de Acuicultura que se está comenzando a discutir y la agenda corta que recientemente empezó a elaborar el Gobierno, para destrabar nudos de la salmonicultura que no requieren pasar por el Congreso.
En primer lugar, en relación a la Ley, considera que “tiene que ser flexible y capaz de recoger las diversidades de lo que significa una producción hoy día, con el cumplimiento de estándares medioambientales. Cuando uno mira las normativas de Noruega, son bastante más flexibles, en Chile es estricta y rígida”.
Y respecto a la agenda corta, señala que se trata de una iniciativa conjunta y que lo más importante es lograr resultados concretos en el corto plazo.
“Yo creo que el compromiso que tiene el subsecretario de Pesca (Julio Salas) y que tengo yo, al menos (...) es trabajar en forma silenciosa, en forma abnegada, convencidos que tenemos que tener avances en el corto plazo para proyectar esta industria. Y en eso estamos. Yo veo con buenos ojos lo que estamos intentando hacer”, esgrime. “Soy optimista, pero también creo que en el caso de nosotros, tenemos que siempre mantener las confianzas, cumplir los compromisos y ahí creo que el Consejo ha dado muestra fehaciente de generar esa confianza, más allá que tengamos diferencias con la autoridad”.
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