Una lección de la imposición de sobretasas al acero chino por parte de la Comisión Antidistorsiones es que la institucionalidad actual requiere perfeccionamientos. Entre ellos, avanzar hacia un conformación más técnica para descartar sesgos políticos.
Así lo señaló una investigación realizada por Patricio Órdenes, profesor de Faro UDD, y John Henríquez, subdirector de Desarrollo de la misma entidad.
La Comisión Antidistorsiones es presidida por el Fiscal Nacional Económico, cuenta con dos representantes del Banco Central, más un representante del Ministerio de Hacienda, Agricultura, Economía y de Relaciones Exteriores, además de otro por parte del Director Nacional de Aduanas. “La mayoría de los integrantes requieren la confianza del Presidente de la República no solo para ser nombrados en sus cargos, sino que también para mantenerse desempeñando dichas funciones”, advirtieron los investigadores.
Una reforma debiera aspirar a evitar que la comisión se vea expuesta a presiones políticas y/o de grupos de interés, dicen en la UDD
La existencia de integrantes pertenecientes a ministerios o reparticiones públicas, reiteraron, “puede resultar inconveniente pues podría dificultarse el necesario examen técnico requerido para acreditar que la ventaja obtenida por un infractor se origina por una situación ilegítima”.
Ello resulta clave toda vez que “las consideraciones políticas o de interés público, en este tipo de discusiones, debieran evitarse”, indicaron los expertos de la UDD.
Por ello, son partidarios de impulsar una reforma legal que permita mejorar la predictibilidad y calidad técnica de las decisiones de dicha instancia. “En particular, una eventual reforma debiera aspirar a evitar que la Comisión Antidistorsiones se vea expuesta a presiones políticas y/o de grupos de interés”, indicaron los académicos. Y sugirieron considerar como reemplazo un Panel Experto, integrado por tres profesionales de reconocida trayectoria, con causales estrictas de remoción y remunerados en función de su carga de trabajo efectiva, nombrados por Alta Dirección Pública (ADP).
También señalaron que la industria del acero es uno de los sectores que más concita denuncias relativas a prácticas anticompetitivas. Según CAP, de 15 denuncias relacionadas con productos del acero desde 1990, en 12 la Comisión Antidistorsiones ha recomendado la aplicación de medidas.
Los académicos también insistieron en la necesidad de evitar falsos positivos y efectos en mercados interconectados, así como saber retirar los derechos antidumping, como un factor crucial en el largo plazo, dado que un uso prolongado y extensivo de medidas proteccionistas lleva a una situación no favorable para los consumidores.
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