Por S. Véliz y A. Pozo
La sociedad minera Isla Riesco avanza en su proyecto de extracción de carbón, Mina Invierno, en la región de Magallanes. Del total contemplado de inversión -incluido el puerto- la sociedad integrada por Empresas Copec, de la familia Angelini, y el grupo Ultramar de la familia Von Appen, ya ha pagado o comprometido a través de contratos poco más del 60% del monto total estimado.
El total de la inversión bordea los US$ 550 millones, por lo que hasta el momento ya han destinado US$ 340 millones a obras del puerto, caminos, y compras, entre otros ítems.
Según información de la empresa, de ese total,
US$ 150 millones se gastaron en compras de equipos mineros, el contrato para la construcción del puerto y otro contrato para la construcción de terraplenes y rellenos sobre los que se emplazarán las instalaciones.
Los restantes US$ 210 millones están contemplados para un par de licitaciones que están desarrollando y que están relacionadas con la construcción del campamento y de las oficinas en terreno, así como de las instalaciones industriales.
En tanto y luego de haber recibido de manera optimista las exigencias realizadas por el Comité de Ministros -que aprobó la realización del proyecto el viernes pasado-, desde la minera aseguran que aún están a la espera de la resolución que debe emitir el Comité, con el fin de analizar detalladamente las solicitudes que haga y sus costos, pese a que actualmente se encuentran evaluando cuáles pueden ser las implicancias.
Dentro de las exigencias realizadas, se encuentra el acogerse a la recientemente aprobada ley de cierre de faenas mineras, lo que aseguran, en cuanto a costo, no será tan oneroso como en la minería tradicional, por el sistema de rajo móvil que utilizarán para la extracción del carbón.
Acciones judiciales
En la vereda de enfrente, los opositores al proyecto de Copec y Ultramar también están a la espera del texto definitivo del Comité de Ministros.
Según explica el abogado Fernando Dougnac ya se están analizando posibles acciones a tomar en contra de la minera, pero dependerá de lo que incluya y cómo esté redactado el informe que emita la instancia.
“No podemos presentar acciones judiciales concretas, mientras no tengamos el texto exacto del Comité de Ministros”, dijo.
Dougnac explicó que el principal reparo que presentaron es por la fragmentación del Estudio de Impacto Ambiental entre el puerto y la mina. Esto habría causado que aspectos de la operación no fueran evaluados por ninguno de los procesos, lo que no habría sido analizado por la instancia.
Entre las acciones que se barajan está un recurso de protección, nulidad de derecho público u otro. También está dentro de las posibilidades recurrir al Tribunal Constitucional, lo que dependerá de “la forma como esté redactada la resolución de los ministros. Si exceden de sus facultades, evidentemente también hay un camino”.
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