Faltaban 25 minutos para la apertura de la bolsa y un hecho esencial de La Polar encendió las alarmas. En dos carillas, la tienda reconocía problemas en su cartera de crédito, lo que no sólo obligaba a hacer una cirugía mayor en su plana ejecutiva, sino que también a elevar el nivel de provisiones que tenía en stock. De los casi US$ 255 millones ya conocidos, estiman que las provisiones adicionales podrían llegar a un máximo de US$ 430 millones.
Ante esto, se decidió contratar como gerente general a Eduardo Bizama (ex gerente general de Construmart), quien asumirá el 25 de julio. Además, se considera la reestructuración del Área de Créditos y Cobranza. (ver recuadro)
El punto crítico de todo esto son las renegociaciones de deuda con los clientes. Dicha situación fue analizada en dos sesiones extraordinarias de directorio los días 6 y 8 de este mes, donde se tomó conocimiento de gestiones que, según revelan, no estaban autorizadas por la instancia y que además estaban “en disconformidad con los criterios y parámetros establecidos por la compañía”.
Con esto, La Polar confirmaba una sospecha que se arrastraba desde el año pasado y que hace pocos días volvió a la palestra, tras la presentación de una demanda colectiva contra la empresa que hizo el Sernac, por realizar repactaciones de deudas sin el consentimiento de los clientes. Ayer, el director del organismo, José Antonio Peribonio, informó que habían recibido más de 1.000 nuevos reclamos.
Los efectos que podría tener la información entregada por la compañía llevaron a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a suspender las acciones por un par de horas. Sin embargo, una vez que se comenzaron a transar registraron una caída de 20%. Al cierre, la situación empeoró aún más con una baja de 42,12% y una pérdida de valor bursátil de
US$ 524 millones. (ver nota página 8)
El rol minoritario
Pero todo se había comenzado a mover un poco antes. El 31 de mayo y 1 de junio, el accionista minoritario Felipe Ponce, envió un e-mail a la SVS, SBIF, directores de la empresa, auditores y las clasificadoras, donde advertía respecto a los resultados de la empresa. Al otro día, llegó la misma información al Banco Central. Mientras que a las 12:28 horas del 3 de junio ingresaron un requerimiento a ambas superintendencias incluida la de Pensiones. (ver nota páginas 9)
En el documento, piden que ambas instituciones revisen los estados financieros antes de la votación del aumento de capital por US$ 400 millones programada para el 22 de junio próximo.
La sorpresa del directorio
En el hecho esencial el directorio defiende absoluta ignorancia de lo que sucedía con los créditos. Sin embargo, desde el año pasado estaban atentos a la forma en que se administraba esta parte del negocio, incluso se hicieron presentaciones del área a los directores. En esas oportunidades, comentan fuentes, siempre se les dijo que la situación estaba bien y que los números estaban correctos.
Agregan que las decisiones de incobrables a nivel del directorio se hacían a partir de la aplicación de fórmulas y estándares de uso común en la industria del retail, en donde a partir de un esquema de “camadas” y los guarismos asociados, se realizaban las decisiones de constitución de provisiones, modelo que operó en los últimos meses a nivel del comité de directores y que estaría, se afirma, en el origen de las recientes decisiones de la empresa de elevar sus niveles de provisiones.
El punto de inflexión, señalan, fue la demanda del Sernac, porque la posibilidad de estar renegociando unilateralmente siempre fue descartada por los ejecutivos. El objetivo frente al aumento del riesgo era ser más restrictivos en los créditos y cobrar con mayor fuerza. Hasta ahí, las provisiones alcanzaban, no obstante la aparición del Sernac complica dichos planes, debido a la posibilidad que muchos de los morosos no paguen. Desde la empresa, aseguraron que el caso no afecta su modelo de negocio y las medidas adoptadas son las adecuadas.
Institucionales y auditoras
En el mercado se preguntan por el rol en todo esto de los inversionistas institucionales. Con más de un 65% de la propiedad, los cuestionamientos apuntan a la responsabilidad de éstos, sobre todo por ser representantes remunerados de terceros.
Asimismo, actualmente hay cinco bonos emitidos por La Polar en el mercado que tienen vencimientos entre 2012 y 2031. En total la compañía tiene colocado UF 12 millones que equivalen a US$ 561 millones. Todos estos papeles comenzaron a ser revisados ayer por los analistas de renta fija de las corredoras e inversionistas institucionales, para averiguar si la información que surgió ayer en torno a las provisiones y situación patrimonial de la compañía, podrían afectar los covenants de estos bonos.
En el mercado explicaron que una de las obligaciones implicaba que la deuda consolidad neta de la empresa fuera hasta dos veces el patrimonio, condición que probablemente se habría incumplido. Las miradas también están puestas en el rol de las auditoras. Hasta el año pasado PwC realizó la auditoría a los resultados. Esta vez, los accionistas designaron a Ernst & Young.
Bajan clasificación
Ya en abril pasado, las clasificadoras de riesgo estaban inquietas. Según Fitch Ratings, la baja es sus clasificaciones reflejaban el “deterioro mostrado por el negocio crediticio”. Ayer, entre otras, Feller –Rate redujo la calificación de La Polar en su calidad de originador de activos desde “Satisfactorio” a “Débil” y sus políticas y procedimientos de cobranza desde “Más que Satisfactorio” a “Con observaciones”. “Lo anterior refleja graves conflictos de gobiernos corporativos al interior de la entidad, así como evidencia serias discrepancias respecto de las prácticas efectivas de administración de riesgo de crédito de la cartera en comparación a lo informado por la compañía en mayo”, explican.
Sin línea de crédito
Si bien los bancos ven este caso lejano a lo sucedido con Johnson’s, altos ejecutivos de la industria explican que ante la compleja situación las líneas de crédito para La Polar debieran empezar a cerrarse desde hoy, a la vez que analizan posibles provisiones adicionales.
Incluso, el gerente general de una de las entidades acreedoras, señala que “podría ser necesario repactar las deudas con la multitienda si no hay aumento de capital”, algo en lo que coincide el gerente de grandes empresas de otro de los bancos con los que mantiene deuda, quien añade eso sí que “desde hoy a la firma no se le debiera dejar de girar un peso más de las líneas de crédito”.
Mientras, desde BCI señalaron que “evaluaremos si es necesario generar alguna porvisión adicional para este caso en particular”, y destacaron que la entidad “cuenta con un porfolio de clientes diversificado y, por ello, esto no representa una colocación significativa”. Además, ya algunos bancos, como Bancoestado, prohibieron la recepción de cualquier factura para factoring de La Polar.
Al 31 de marzo la compañía mantiene deuda de distintos plazos con trece bancos, la mayoría locales, entre los que están BBVA, BCI, Bice, Corpbanca, Banco de Chile, Internacional, HSBC, Santander, Scotiabank, Security, Bancolombia, Helm Bank, y Av Villas.
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