Sigue avanzando la discusión en la comisión de Medio Ambiente del Senado de la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente que contempla la modernización al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En la cita de este lunes, en que finalizó la revisión iniciada la semana pasada para poner al día respecto al articulado a los nuevos integrantes de la instancia (Ricardo Lagos Weber y Rafael Prohens), se plantearon nuevas dudas frente al texto.
A las inquietudes positivas y negativas planteadas la semana pasada por los senadores ante la presentación del texto por parte del Gobierno, la que esta vez considera en parte la discusión que se ha mantenido hasta el momento en la comisión, se sumaron dudas respecto a materias como la declaración jurada y el registro de consultores.
Respecto a la primera, el Gobierno explicó que la propuesta es reemplazar las consultas de pertinencia de modificación de proyecto por una declaración jurada. Según detallaron, la declaración jurada no se somete a trámite ni acto de aprobación alguno, sino que informa. Asimismo, la declaración jurada de modificación es pública y fiscalizable por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
La senadora Isabel Allende mostró sus dudas de que la medida libere de carga al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Además, sobre la propuesta de establecer que la evaluación ambiental incorporará la información respecto de los impactos acumulativos y sinérgicos generados por la interacción con otros proyectos o actividades del área de influencia, la senadora recalcó que el efecto sinérgico no tiene que decidirlo el titular, sino un ente técnico como el SEA.
Mientras, el Gobierno sostuvo que se propone tornar obligatoria la firma de antecedentes de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por consultores registrados en el registro de consultores, hoy voluntario.
El senador Alejandro Kusanovic, si bien reconoció que la idea era buena, apuntó que la propuesta podría ser una "pseudo certificación" o "una especie de ranking". En esa línea, advirtió que es un tema personal cuántos DIA o EIA elaboró cada profesional y que "no debería ser obligatorio" dar a conocer esa información.
Cabe recordar que la semana pasada, en la instancia, el Gobierno sinceró que buscarán nuevas alternativas para reemplazar tanto las Coevas (Comisión de Evaluación Ambiental) como el Comité de Ministros, ambas instancias que se eliminan con el articulado. Para esto, el Ministerio del Medio Ambiente encargó un informe en derecho para estudiar cómo se resuelve esta situación en otros países de la OCDE y otros órganos del sistema nacional.
En tanto, las presentaciones de los distintos expositores seguirán en las próximas sesiones, así como también lo hará el trabajo en paralelo que está desarrollando el gobierno y los asesores para lograr consensos en torno al texto.
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