Este lunes, en la comisión de Medio Ambiente del Senado, se inició la discusión en particular de la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En la cita, el Ejecutivo explicó sus indicaciones, donde también aprovechó de comentar algunas presentadas por los parlamentarios. Una vez superada esta instancia, la iniciativa debe pasar a la comisión de Hacienda y de ahí a la Sala.
El proyecto de ley original contenía un total de 57 modificaciones a la Ley 19.300 y el Ejecutivo presentó 32 indicaciones. "El mensaje central es que las indicaciones presentadas por el Ejecutivo buscan representar un consenso de las modificaciones que requiere el proyecto de acuerdo con las exposiciones de todos los invitados que escuchamos, tuvimos una amplia sesión de invitados, el debate público y el trabajo con los y las senadores de la comisión a través de sus asesores", aseguró de entrada en la cita la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.
El jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, Sebastián Aylwin, enfatizó que estas indicaciones buscan representar un consenso de donde creen debiese dirigirse este proyecto de ley para ser viable y aseguró que "estamos ante una modificación significativa, importante, manteniendo el mismo espíritu original del proyecto de ley que es fortalecer la institucionalidad ambiental, agilizando los plazos, disminuyendo los tiempos, conservando el estándar de protección ambiental".
No necesariamente por una pérdida de convencimiento, sino para focalizar el esfuerzo del proyecto en el cumplimiento de sus objetivos, Aylwin explicó que se optó por retirar las propuestas en torno al término anticipado de la evaluación donde el texto proponía ampliar el plazo hasta después de la adenda y subsanar las observaciones técnicas, evitando un término anticipado.
También se hizo en cuanto a la revisión de RCA, en que originalmente se propuso reemplazar el actual artículo 25 quinquies de la Ley 19.300 por un nuevo articulado, que precisaba el procedimiento aplicable a la revisión. Y, además, en cuanto a que se proponía crear un registro de consultores registrados del SEIA. Sobre este último, el Gobierno optó por cambiarlo por un sistema que entregue datos objetivos sobre el comportamiento de los consultores con la información que ya es pública.
Aylwin sostuvo que la intención del Ejecutivo es terminar con la categoría de PAS mixto, estableciendo con claridad y certeza los permisos que se tramitan en el SEIA de aquellos regulados por la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales que está tramitando el Ministerio de Economía. En esa línea, destacó que el sistema tiene 30 permisos asociados que tienen un componente ambiental y uno sectorial. "Ya estamos haciendo la modificación reglamentaria para que alrededor de 25 de ellos pasen a tramitación íntegra en el SEIA a través de la vía reglamentaria. Incluso podemos hacerlo antes de tener eventualmente aprobada esta ley", aseguró.
Y, si bien el senador Ricardo Lagos Weber recalcó su intención de salvaguardar todavía los criterios medioambientales que tienen algunos permisos mixtos, desde el Gobierno indicaron que existen mecanismos para asegurar los componentes ambientales de un permiso sin que este permiso necesariamente esté en el sistema.
Como la fórmula de reemplazo a la eliminación del Comité de Ministros y las Coevas, ya que radicar las decisiones en el SEA generó críticas, el Gobierno propone la creación de un Consejo de Reclamación Ambiental que tenga la función de conocer las reclamaciones tanto de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) como los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). La idea es que sea presidido por el director Ejecutivo del SEA y cuatro consejeros, los cuales tendrán dedicación exclusiva con excepción de las labores docentes.
El nombramiento del director ejecutivo se mantiene por Alta Dirección Pública (ADP) y, en cuanto a los cuatro consejeros, se propone que sea por el Presidente de la República a partir de una terna propuesta por el Consejo de ADP. Los cargos de consejeros durarán seis años en sus cargos con renovaciones de consejeros por parcialidades.
"Este órgano de reclamación ambiental tendrá la función de resolver en plazos muy breves, o sea, tres meses para las DIA y seis meses para los EIA con una regla de silencio negativo", detalló Aylwin.
Otros ajustes
En relación a los impactos acumulativos y sinérgicos, el Ejecutivo tomó la decisión presentar una indicación que reforma por completo la redacción del articulado presentado originalmente en el proyecto. Entre otros aspectos, se establece a nivel legal un componente metodológico; y se consideran proyectos con RCA vigente y no en evaluación.
Las declaraciones juradas fue uno de los tópicos en que el Gobierno se detuvo a comentar, no solo su propia indicación, sino la de los senadores. Si bien destacó que el cambio más significativo que están presentando es definir algunos conceptos particularmente relativos al efecto de eximente de responsabilidad penal que tendría la declaración jurada, dijo entender que estas últimas deben ser de tramitación inmediata, por lo que no estuvieron de acuerdo con que deberían tener un análisis de fondo de algún organismo como lo plantearon en sus ajustes los senadores Isabel Allende y Alfonso De Urresti.
También el Gobierno presentó perfeccionamientos al procedimiento de participación temprana donde precisa rol del facilitador y vínculo del documento de lineamientos técnicos con la evaluación ambiental. En cuanto al recurso de reclamación, por ejemplo, la indicación del Ejecutivo explicita el alcance no solo sobre calificación sino también condiciones. El Gobierno no estuvo de acuerdo con la propuesta de los senadores Allende y De Urresti que establece sanción de remuneraciones ante incumplimiento reiterado de los plazos.
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