El conflicto que mantienen Antofagasta Minerals, a través de Los Pelambres, y Glencore, con El Pachón, después que la firma de capitales nacionales instalara parte de un botadero de estériles en territorio argentino (ver infografía), en dependencias que son propiedad de la minera suiza, sigue escalando.
Según trascendió, la minera controlada por el grupo Luksic habría solicitado formalmente a la ministra de Minería, Aurora Williams, que cite a la comisión binacional que administra el tratado minero entre Chile y Argentina, para intentar buscar una solución entre ambos países y las empresas, ya que -explican algunas fuentes- para aplicar cualquier medida de cierre del botadero se necesitan ciertos permisos tanto de la autoridad trasandina como de los dueños de Pachón.
En las condiciones actuales, Pelambres debería constituir una empresa en Argentina para concretar el cierre, a lo que se suma que no puede traspasar la frontera directamente desde la operación minera.
De todos modos, que se cite de manera extraordinaria a la comisión -que en agosto pasado creó un Grupo Técnico Binacional Temporal para trabajar el tema- es potestad de la ministra y no está claro si ocurrirá.
A raíz de la construcción del botadero en su propiedad, Pachón inició dos acciones en contra de Pelambres: una acción civil para que AMSA retire los escombros en las 51 hectáreas y una penal en búsqueda de los responsables.
Si Pelambres tuviera que retirar los estériles, la operación tendría un costo estimado en US$ 100 millones y tomaría del orden de 4 o 5 años. Aplicar las medidas de cierre que propone la firma nacional tiene un costo de unos US$ 15 millones.
Nueva arista
Además, el martes la Justicia Federal de Argentina rechazó un recurso que había presentado Pelambres para oponerse a una medida cautelar que había pedido Pachón -según publicó The Clinic-, que consistía en que la compañía de los Luksic se hiciera cargo de los escombros depositados en terreno transandino, lo que básicamente se traduce en aplicar medidas de cierre del lugar, como la construcción de canales de contorno.
Aunque Pelambres está a favor de aplicar el cierre del lugar, la gran diferencia entre ambas empresas es que unos consideran que es una medida provisoria mientras se resuelve el juicio de fondo y los otros creen que es algo definitivo.
Este rechazo abrió una nueva arista en el caso, ya que en el Ministerio de Minería hay molestia con la empresa de capitales nacionales, porque presentó documentos en la causa dando a entender que esta secretaría de Estado respaldaba su posición, involucrándolos en un conflicto que es, como subrayan, entre privados.
El problema surge a raíz de una visita que realizaron organismos técnicos nacionales (Sernageomin) y trasandinos a la zona el 30 de enero, donde un laboratorio contratado por la minera, llamada SGS, tomó muestras de agua para evaluar si había o no problemas de contaminación.
Una vez recibido el informe, Pelambres envió el estudio al Sernageomin, para tener sus observaciones. Este habría sido difundido a las autoridades del ministerio e incluso parte de la información se habría usado en una reunión a fines de marzo, donde se expuso el estado del conflicto con gente de Minería, Relaciones Exteriores e Interior.
En esa reunión la empresa habría manifestado que necesitaba presentar este informe en el juicio en Argentina, así como una carta señalando que se ha actuado con buena fe.
Tras hacer las gestiones, se logró que el estudio fuera timbrado por el gobierno, así como se adjuntó la carta solicitada.
Sin embargo, en el juicio en Argentina, Glencore acudió con documentación en la que el Ministerio dice desconocer la información del estudio y que no estaba en su poder, a raíz de una solicitud realizada por transparencia respecto de si la autoridad lo había recibido.
Esta suma de hechos motivó que en Minería se abriera una investigación, lo que podría derivar en un sumario si es que los antecedentes ameritan.
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