En un téngase presente enviado a la Corte de Apelaciones de Copiapó y a la Corte Suprema, Codelco informó que cumplió con el fallo emitido por el máximo tribunal la semana pasada, respecto del pago del saldo retenido al consorcio formado por la bielorrusa Belaz y la chilena Movitec (CBM), así como de la restitución inmediata de sus equipos, que totalizan 78 unidades, entre los que se encuentran 34 camiones mineros de 300 y 100 toneladas, seis excavadoras y once bulldozers.
Entre los documentos remitidos a los tribunales, la cuprífera adjuntó dos cartas enviadas a CBM el 11 de julio en las que le informa que se encuentran a su disposición para ser retirados desde la mina Rajo Inca, en la División Salvador. En la misiva se agrega que Codelco facilitará el acceso y las condiciones necesarias para el retiro de dichos bienes, sin necesidad de que se suscriba o entregue instrumento alguno.
Cabe recordar que en abril Codelco requirió formalmente a CBM el retiro de sus equipos, con el único requisito de cumplir con las medidas de seguridad necesarias para ello, lo que consorcio no efectuó. Codelco no utilizó los equipos que figuran bajo el contrato de CBM (aunque son de propiedad de otras empresas). Sí se reubicaron en un área de estacionamiento por razones operativas y de seguridad.
En la segunda carta, la Corporación informó también el cumplimiento de la sentencia que le ordenó “poner fin inmediato a la retención de los fondos correspondientes al estado de pago N° 23” que CBM evaluó en una cifra que asciende a los $ 12.110 millones.
Sin embargo, de esa suma se descontaron dos montos. El primero, por $ 375 millones 789 mil, por el embargo ordenado por un tribunal en la causa que Transportes RAV SpA tiene contra CBM; el segundo, por poco más de $ 4.770 millones, relacionado al pago oportuno de las obligaciones laborales y previsionales a los trabajadores del Consorcio Belaz Movitec, quienes lo recibieron conforme.
Tras ambos descuentos, Codelco le informó a CBM que el saldo a pagar es algo superior a $ 6.964 millones, los que ya se transfirieron a la cuenta corriente del consorcio.
La historia del conflicto
El Consorcio Belaz Movitec Spa (CBM) se adjudicó la licitación de las obras de Rajo Inca en marzo de 2021 y, según Codelco, al poco andar se evidenció brechas asociadas a las metas de gestión, produciendo un atraso de 12 meses en la materialización de las obras y un deterioro en la producción de la División Salvador que se calcula podría llegar a un rango de 90 mil a 100 mil toneladas de cobre fino entre 2023 y 2025.
Desde el inicio del contrato, la cuprera estatal desplegó un intensivo plan de apoyo para proporcionar continuidad a la operación, sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos para mejorar el desempeño, mitigar los riesgos operacionales y de seguridad, no fue suficiente para cubrir la totalidad de las brechas.
Entre las principales razones para poner término anticipado al contrato, además del atraso en las obras, CBM incumplió reiteradamente las estipulaciones contractuales, así como también las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de seguridad. El accidente fatal ocurrido en julio pasado, que costó la vida al trabajador Rubén Trigo, constituyó el punto de quiebre.
Judicialización
El viernes 3 de febrero, CBM presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, alegando la vulneración de los derechos de propiedad y para desarrollar su actividad económica, con ocasión del cobro de las boletas de garantía y del término anticipado del contrato. También solicitó una orden de no innovar para que la Corporación se abstuviera de gastar el monto cobrado por la ejecución de las boletas y no utilizara o movilizara los equipos que CBM mantenía en la División Salvador.
Codelco adujo que la ejecución de las boletas de garantía se realizó conforme a los términos definidos en el contrato, los que son conocidos y fueron aceptados por el consorcio.
La Corte de Apelaciones de Santiago desestimó considerar la solicitud, pues las peticiones de CBM excedían las materias que debían ser conocidas “por el presente recurso atendida su naturaleza cautelar, teniendo presente que se denuncia un conflicto contractual y reclaman derechos que deben ser debatidos y probados en el procedimiento judicial que corresponda, por lo que no será admitida a tramitación”.
CBM insistió con otro recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Copiapó, que también lo rechazó, afirmando que debía ventilarse ante el tribunal arbitral que ya se encontraba constituido.
El 28 de junio de 2023, CBM ingresó ante la Corte Suprema un recurso de apelación en contra de ambas sentencias de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que el máximo tribunal acogió.
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