Codelco estudia acciones legales contra contratistas y detiene faena

El conflicto que mantiene Codelco con la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), que agrupa a los sindicatos del personal subcontratado en la minera, sigue escalando.

Ante los hechos de violencia registrados estos días a raíz de la movilización iniciada el lunes, que incluye el corte de camino de acceso a las divisiones de la minera, Codelco informó que se "encuentra estudiando las acciones legales pertinentes para perseguir las responsabilidades ante los graves y violentos hechos acontecidos ayer, que generaron lesiones a trabajadores, daños a equipos e instalaciones y en infraestructura pública".

La empresa -cuyo presidente ejecutivo es Nelson Pizarro-, señaló que "lamenta y condena enérgicamente situaciones de fuerza e ilegítimas, que atentan contra la integridad de las personas y que obstaculizan el libre tránsito impidiendo el acceso a las fuentes de trabajo". Además, enfatizó que se pone en riesgo la sustentabilidad del estrecho negocio minero.

El conflicto se originó a raíz de que la CTC intentó abrir una negociación del denominado Acuerdo Marco, que establece una serie de beneficios para subcontratados. Mientras la minera dice que este documento está vigente hasta mayo de 2016, la CTC señala, en tanto, que en la práctica se ha venido renovando cada dos años, por lo que correspondería hacerlo ahora.

La situación de mayor gravedad se dio en Salvador, única de las divisiones que dejó de operar. La empresa tomó esta medida por la imposibilidad y riesgo que implica para los trabajadores acceder a las instalaciones, lo que se agrava la situación de esa faena, que se vio fuertemente golpeada a fines de marzo, con los aluviones que hubo en la zona.

Por su parte, los contratistas reafirmaron su postura y llamaron a "mantener e intensificar la movilización". En un comunicado, la multisindical señaló que el movimiento ha sido positivo, por cuando los trabajadores han paralizado en todas las faenas.

Además, tildaron como intransigente a la administración de la minera, por negarse a negociar.

Además condenaron una reunión sostenida entre Pizarro y el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, que -acusaron- causó "represión policial" en todas las protestas, lo que finalmente provocó la detención de dos dirigentes y 20 trabajadores, mientras que otros tres resultaron heridos en el procedimiento.