A poco más de un mes de que el 25° Juzgado Civil de Santiago emitiera su sentencia, zanjando en primera instancia el conflicto que mantiene enfrentados a Codelco y la Contraloría General de la República desde el año 2017, por discrepancias sobre las atribuciones fiscalizadoras del organismo respecto de la estatal, la cuprífera decidió apelar a la resolución que resolvió apoyar la posición de la entidad encabeza por Jorge Bermúdez.
Así, tal como había adelantado el pasado 10 de septiembre, la minera presentó este martes recursos de apelación y de casación en la forma a la sentencia del Juzgado que desestimó la acción de nulidad de derecho público entablada por la cuprífera contra el Informe N° 900 de 2016 de la Contraloría General de la República.
Según informó la Corporación en un comunicado, la compañía centra sus argumentos en que el fallo no se pronunció sobre el aspecto central de la demanda. Cabe recordar que la empresa estatal solicitó a la justicia resolver qué marco normativo la rige.
Esto, según explicó la firma, "debido a que la Contraloría le ha impuesto algunos artículos de la Ley de Compras Públicas que no le son aplicables en virtud de las leyes que rigen a Codelco, y que, entre otras consecuencias, la obligarían a informar los contratos con partes relacionadas a la propia institución fiscalizadora y a la Cámara de Diputados, restándole así toda posibilidad de competir con otras empresas de la industria minera privada".
La cuprífera enfatizó que ha explicado reiteradamente que, tras modificarse el Decreto Ley 1.350 de 1976 y aprobarse la Ley de Gobierno Corporativo, desde marzo de 2010 le aplican las normas de su propia Ley Orgánica, sus estatutos y, en lo no previsto en ellos, la Ley de Sociedades Anónimas abiertas y la legislación común. Además, su propio estatuto orgánico exceptúa a Codelco de normas que rigen para otras empresas públicas, a menos que hagan expresa referencia a la Corporación.
Por esto, la compañía recalcó que "es necesario que se reconozca y aplique el marco normativo que le es propio, de modo de evitarlos perjuicios jurídicos y económicos que le causa la interpretación errada del Informe Nº 900 y que dieron origen a la demanda de Derecho Público contra el mencionado documento".
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