Los pueblos atacameños no tienen una única voz en el acuerdo Codelco-SQM. Las comunidades que en donde se emplazan las operaciones de SQM decidieron suspender hace dos meses su participación en el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) y negocian un trato aparte. Se trata de Socaire, Toconao, Camar y Peine, todas ellas situadas en el área meridional de la cuenca salobre y con quien la minera no metálica ha tenido históricamente una relación directa.
En la práctica, en mayo, Codelco y SQM han mantenido los canales abiertos con los dos bandos: la CPA y las localidades del sur del Salar. Y existe el pre-acuerdo con los dos grupos de incorporar cambios post 31 de mayo, que es la fecha en que se firmaría el pacto entre las dos empresas. Hoy era la reunión inicial para la consulta indígena asociado al contrato SQM Salar - Minera Tarar, que va desde 2031 a 2060, pero se frustró debido a la movilización de las comunidades díscolas.
De acuerdo a los representantes de las comunidades, hay un problema de representación, porque hay asociaciones indígenas que repiten en integrantes y, por lo otro lado, hay comunidades de menor población cuyo voto pesa tanto como aquellas más populosas, que son las del sur.
Además, según representantes de estas últimas comunidades, "más que demandas económicas, solicitamos resguardos de temas ambientales, como el uso del agua, la preservación de la vegetación, el uso de sus tierras y el entorno, y mantener el vínculo directo con las empresas que explotan el Salar de Atacama, dado que ellas son las que están más cerca de las operaciones de SQM y son las afectadas directamente por aquellas".
El conflicto entre estas cuatro comunidades y el CPA se generó desde el anuncio de la Estrategia Nacional del Litio, dado que en este se le dio la representación de los pueblos atacameños al CPA, y las comunidades del sur del Salar hacen ver que, como asociación indígena, no tienen la potestad legal para suscribir acuerdos en nombre de los pueblos atacameños.
También hay distancia entre los focos de interés de estas localidades con el CPA, que están ellos más centrados en los aspectos económicos y tienen realidades totalmente distintas.
Por ejemplo, que aún hay comunidades del sur que no tienen acceso a servicios básicos como agua potable, alcantarillado o energía eléctrica estable o los gastos realizadas por estas últimas como asesorías, estudios y monitoreos de índole ambiental para resguardar sus tierras.
Las comunidades del sur son enfáticas en señalar que para ellos "esto no es una cuestión de dinero, sino de cómo se ve afectado el salar y con ello su fuentes de sustento como la agricultura, la ganadería, el turismo y otras actividades".
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