Fue en diciembre de 2019 cuando Codelco dio un golpe de timón al cancelar la adjudicación del proyecto para construir una planta desalinizadora para abastecer sus operaciones del norte, que implicaba inversiones por US$ 1.000 millones. Esto, a solo un mes de haber elegido como ganador al consorcio MTT (Marubeni- Transelec-Techint) liderado por la japonesa.
Desde entonces, en completo hermetismo, la estatal inició un análisis de diversas opciones para darle vida al proyecto, y su resultado se anunciaría próximamente tras meses de espera. Sin embargo, al ya complejo proceso, se sumó un actor: la Contraloría General de la República.
Según comentan fuentes, en 2020, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), que tiene entre sus funciones evaluar los proyectos de inversión y fiscalizar a Codelco, realizó una solicitud amplia de información respecto a la decisión. Pero, a mediados de ese año, la Contraloría habría decidido involucrarse, iniciando una auditoría reservada respecto a los hechos que han rodeado a la millonaria iniciativa.
Eso sí, sería una investigación amplia, ya que implica varias áreas, entre ellas la licitación de la desaladora de Codelco.
Aunque se desconoce si hubo indicios puntuales para motivar esta indagatoria, en la industria el caso generó dudas en cuanto la estatal anunció abruptamente dar pie atrás a esa licitación ya adjudicada. Lo anterior, por los acotados ajustes que aparentemente se harían al diseño de la infraestructura que -para algunos-se podían realizar a pesar de tener un proceso adjudicado al ser de carácter menor, pero también por la poca claridad respecto de cuánto pesó en la decisión la situación de la constructora Techint.
Cuando se conocía la cancelación, se hacía público que días después de que el consorcio resultara ganador, Techint estaba mencionada en una querella criminal presentada por la Empresa Nacional del Patróleo (ENAP) producto de supuestas irregularidades en un proyecto de exploración petrolera en Argentina.
Facultades fiscalizadoras
Consultada la Contraloría, señalaron que actualmente la entidad “está ejecutando una auditoría de carácter reservada a Codelco”. Y que “el ente contralor ha seguido todas las etapas procedimentales que establece la normativa; en consecuencia, las autoridades con injerencia en la materia están en conocimiento de la acción fiscalizadora”.
En esa línea, se recalcó que, en los últimos años, la Contraloría y Cochilco han trabajado coordinadamente para fortalecer la fiscalización a la estatal. De hecho, en 2018, ambas instituciones firmaron un convenio de colaboración.
Según trascendió, la intervención del organismo fiscalizador -independiente de los indicios que pudiese tener- forma parte del interés de la entidad de velar por los recursos públicos.
Cabe recordar que esta investigación se da en medio del juicio que mantienen las partes por las facultades fiscalizadoras.
La cuenta regresiva
El trabajo que la estatal habría comenzado en mayo para reactivar la fallida licitación ya tendría los días contados, implicando cambios en el consorcio y en el proyecto.
Cercanos a la situación, detallan -por ejemplo- que efectivamente se habría decidido reformular el consorcio dejando sólo a dos de los tres actores originales: Marubeni y Transelec. Pero, Techint no habría quedado marginada del todo, ya que seguirá encargada de la ingeniería y construcción del proyecto. Así, la idea es que sólo figure como prestador de servicios y no tenga relación directa con la estatal.
El 18 de enero, al ser consultado, el presidente del directorio de la cuprífera, Juan Benavides, reconoció: “Estamos bastante cerca ya, tal vez, a adjudicar e iniciar el proceso de la desaladora”.
Fuentes comentan que el proceso se ha dilatado, pero nunca detenido, ya que se han sostenido diversas negociaciones que toman tiempo. De todas formas, la definición se anunciará dentro de tres meses, una vez se revise en el directorio y se adjudique.
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