"No hay espacio para negociaciones paralelas". Así de tajante fue el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, respecto al conflicto que mantienen con trabajadores contratistas, el que ya se extiende por ocho días.
Mientras la disputa sigue subiendo de tono, después de la muerte de un trabajador tras un enfrentamiento con Carabineros. Ayer, grupos cortaron vías de ingreso en Chuquicamata e incluso se quemó una camioneta de Codelco, según comentaron ejecutivos de la estatal. Hubo problemas en la operación de esta división, los que se solucionaron durante el día.
"Hemos tenido problemas para realizar los cambios de turno en Chuquicamata. Esperamos retomar las operaciones a la brevedad, pero eso dependerá de poder acceder a las puertas de ingreso", dijo Pizarro al mediodía de ayer.
En su primera intervención pública desde que estalló el conflicto, Pizarro señaló que dado el momento de la industria, con un cobre que sigue bajando, es imposible mantener una política de negociación como la que se ha tenido en el pasado, donde primero, los trabajadores negocian directamente con sus empresas en períodos regulares, y luego viene una segunda, entre la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), donde en ocasiones anteriores también se han pagado bonos.
En 2013 fue $ 1,5 millón por término de conflicto y para esta ocasión se habla de que pedirían del orden de
$ 2,5 millones. En la estatal no están dispuestos a financiarlos.
"Este conflicto es artificial porque tenemos un Acuerdo Marco firmado en mayo de 2013 donde los trabajadores se adhirieron a través de un instrumento, en el que quedó establecido que esos beneficios tenían vigencia hasta mayo de 2016", explicó el presidente de Agema, uno de los gremios que agrupa a proveedores de Codelco, Cristián Vizcaya.
Las empresas están analizando qué medidas tomar contra los trabajadores que han participado de esta paralización, que está fuera de un proceso reglado. Y además, Codelco solicitará que ellas tomen medidas, especialmente contra quienes han causado daño a sus instalaciones.
Salvador sitiado
En ese contexto, la situación de Salvador es la más compleja, porque la operación y el campamento están tomados.
Pizarro descartó que estén analizando el cierre de la faena, lo que recién se podría ver el próximo año, cuando se conozca la viabilidad del proyecto de expansión. De todos modos fue claro en que "esto que ocurre en Salvador no contribuye a mantener las esperanzas", porque la división, con los actuales precios del cobre, a penas cubre sus costos de caja.
De los 40.000 trabajadores contratistas, Codelco estima que entre 1% y 1,5% participan en las manifestaciones.
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