El diputado Cristian Tapia Ramos, independiente y miembro de la bancada PPD, solicitó a través de un escrito la creación de una comisión especial investigadora en la Cámara para recopilar antecedentes y analizar tanto el acuerdo de Codelco con SQM para explotar litio en el Salar de Atacama, como la compra de la empresa Lithium Power International Limited (LPI), propietaria del proyecto Salar Blanco en Maricunga, por parte de la estatal.
Así, en una misiva de 16 páginas dirigida a la presidenta de la instancia, Karol Cariola, el parlamentario de la Región de Atacama, expuso una serie de cuestionamientos en torno a ambas materias, poniendo en duda su transparencia, la probidad y el beneficio que significan para el Estado. No es primera vez que el parlamentario arremete contra la asociación entre la cuprera y la minera no metálica: en mayo de este año, interpuso una denuncia penal contra Codelco y SQM por los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y administración desleal.
Respecto al acuerdo Codelco-SQM, el diputado acusó que fue "suscrito entre cuatro paredes y de espalda a la ciudadanía". En ese sentido, sostuvo que "hasta el día de hoy no conocemos con precisión ni de manera fehacientemente las razones concretas a partir de las cuales el directorio de Codelco decidió no llamar a una licitación para definir con qué empresa se asociaría para desarrollar la explotación del litio desde enero de 2031 en adelante, ni tampoco se sabe si el directorio de Corfo conoció y se pronunció sobre esta materia a través de una sesión formal que conste en un acta y, en su caso, las consideraciones tomadas para avalar tal opción".
El diputado miembro de la Comisión de Minería también lanzó sus dardos contra el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, indicando que sus versiones sobre el tema han sido "parciales, cambiantes y contradictorias". "No se nos ha remitido -a la comisión- copias de ningún acuerdo de directorio de Codelco ni de Corfo sobre esta materia, menos información que se haya tenido a la vista para desechar una licitación y optar por una negociación a puerta cerrada con SQM, a pesar de haber sido solicitada de manera formal por varios diputados", agregó.
En ese sentido, Tapia cuestionó el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y transparencia relativas a la gestión del patrimonio fiscal, argumentando que no se ha dado a conocer ni al Congreso ni a la ciudadanía quiénes participaron de la negociación, dónde se reunieron y cuál fue el contenido de lo conversado. Es más, planteó dudas sobre cómo se seleccionaron a los estudios de abogados y consultores que avalaron el acuerdo, dejando abierta la posibilidad de un eventual conflicto de interés.
De esta forma, parte de las dudas que solicitó que sean esclarecidas por la comisión investigadora son: las razones para decidir una negociación directa con SQM en vez de llamar a licitación; cuáles son los fundamentos para sostener que el acuerdo es beneficioso económicamente para el Estado de Chile (considerando la renta de arrendamiento, el pago de impuestos y el monto por acceder a la operación); las razones detrás del cambio en la fórmula de asociación entre ambas empresas; la eliminación de la mención de "precio mercado" en la cláusula que otorga a SQM una opción preferente para la compra de potasio, lo que podría afectar al mercado agrícola nacional.
Compra de LPI por parte de Codelco
En la otra materia que solicita investigar el parlamentario, acusó que "Codelco adquirió el 100% de una empresa sin activos físicos relevantes para la extracción de litio en el Salar de Maricunga, con un proyecto basado en pertenencias que no otorgan derechos de explotación, una Resolución de Calificación Ambiental con recursos judiciales pendientes, pagando el doble de su valor bursátil."
Asimismo, manifestó que la cuprera "no ha informado los antecedentes que se tuvieron a la vista por parte de su directorio para decir esta compra", agregando que "la fiscalización de la Cámara de Diputados en la compra de Salar Blanco es clave para proteger el patrimonio estatal, asegurar la transparencia y evitar irregularidades. Permite evaluar la rentabilidad de la compra, especialmente considerando que Codelco ya tenía derechos en Maricunga, y ayuda a prevenir posibles casos de fraude".
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