El Gobierno, en voz del subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, salió en defensa del Comité de Ministros, luego de que el Primer Tribunal Ambiental ordenada a la instancia volver a emitir una resolución sobre el proyecto minero-portuario Dominga, tras determinar que los titulares incumplieron la sentencia previa en su última votación.
Así, a través de un video, Proaño sostuvo que “respecto a la resolución, como ministerio estamos analizando el contenido, pero desde ya hay elementos que llaman la atención”.
Andes Iron, titular de Dominga, instó a que “se cumpla con lo instruido por la justicia ambiental y, finalmente, se reconozca que la discusión técnica sobre nuestro proyecto está concluida”.
Continuó: “Como por ejemplo, que obliga a pronunciarse al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, que oficia de secretaría técnica de la instancia ministerial) para alterar una decisión del Comité de Ministros cuando no tiene las competencias para aquello”.
Y adelantó que “el SEA presentará en los próximos días un recurso de apelación contra esta resolución, argumentando que el Comité de Ministros revisó su composición, sesionó y tomó una decisión apegada a la ley y a la propia sentencia del Tribunal Ambiental”.
Por último, el subsecretario, disparó: “Usar las herramientas de defensa que nuestro sistema jurídico contempla es un derecho y vamos a ejercerlo”.
En su resolución dada a conocer este lunes, el Primer Tribunal Ambiental consideró que los ministros se excedieron en su votación del pasado 8 de enero, toda vez que abordaron dos nuevas materias para sustentar su nuevo rechazo que no formaban parte del fallo original.
Cabe recordar que dicho “fallo original” corresponde al del 1TA del 9 de diciembre pasado, cuando declaró “ilegal” la votación del Comité de Ministros de enero de 2023 y ordenó repetir la votación en un plazo de 15 días.
El dictamen de este lunes detalló que las partes improcedentes abordadas en la nueva instancia fueron aquellas en que acogió las reclamaciones de Oceana y otras agrupaciones detractoras de Dominga, relacionadas al impacto sobre las especies “Pacul” y “Algarrobilla”, y la insuficiencia del Plan de Contingencias y Emergencias para derrames de hidrocarburos.
Así, el Tribunal determinó anular y dejar sin efecto la votación de dichas materias, las mismas en las que los ministros -subrogantes- habían basado su rechazo.
De esta forma, se dejó sin efecto la resolución que había anulado la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la iniciativa de US$ 2.500 millones hasta que no se dicte un nuevo acto. Es decir, en estos momentos, la aprobación ambiental está vigente.
También se determinó que el Comité incumplió la sentencia por no haberse llevado a cabo la votación dentro del plazo exigido de 15 días.
Empresa acusa “actuar inédito y grave”
Tras la resolución del Tribunal Ambiental, Andes Iron, titular del proyecto ligado a la familia Délano, valoró la resolución y manifestó su “esperanza” en que, “en esta ocasión, se cumpla con lo instruido por la justicia ambiental y, finalmente, se reconozca que la discusión técnica sobre nuestro proyecto está concluida, ya que este cumple cabalmente con la normativa medio ambiental”.
A juicio de la firma, el fallo “demuestra un actuar inédito y grave de parte del Comité de Ministros, al negarse a acatar fallos judiciales”.
Dado que la sentencia del 1TA restablece la RCA del proyecto, la empresa aseguró que, en el intertanto, “procederá a retomar la tramitación de los permisos sectoriales necesarios para poder iniciar su construcción”.
Por otro lado, destacó que el fallo deja abierta la posibilidad de imponer medidas coercitivas en caso de que el Comité de Ministros persiste en incumplir la sentencia, conforme al artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.
Alianza Humboldt adelanta acciones
Desde la otra vereda, abogados de la Alianza Humboldt -asociación que agrupa a organizaciones detractoras del proyecto Dominga- calificaron de “inédita” e “ilegal” la resolución.
“Presentaremos un recurso de queja ante la Corte Suprema para que enmiende esta situación y ordene al Tribunal Ambiental de Antofagasta a ajustarse a la Ley, pues se está poniendo en jaque la legalidad del sistema y vale la pena cuestionarse las motivaciones detrás de esta acción”, sostuvo Alejandra Donoso, directora de Defensoría Ambiental y representante de distintas comunidades de La Higuera.
Por su parte, Marcos Emilfork, coordinador jurídico de ONG FIMA y representante de la Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de Los Choros, indicó que “ordenando aprobar Dominga, el 1TA intenta algo que tiene estrictamente prohibido, que es determinar la decisión de la autoridad, en este caso la del Comité de Ministros”.
Agregó que “ante el exceso en sus atribuciones, el sistema deja recursos disponibles, por lo que buscaremos que se rectifique esta falta grave”.
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