La deriva del polémico proyecto minero-portuario Dominga sin duda será objeto de estudio para el mundo jurídico, legal, político y ambiental del país. No sólo por los 11 años que lleva en tramitación la iniciativa de US$ 2.500 millones, sino que por la serie de incógnitas que asoman cada vez que se escribe un nuevo capítulo de la trama, elevándose el grado de tensión.
¿Cuándo votará el proyecto el Comité de Ministros? ¿Quiénes sesionarán tras la inhabilitación de los seis jefes de Estado? Ésas son las interrogantes que se intentan responder por estos días, luego de que en la víspera de Navidad, el Primer Tribunal Ambiental (1TA) negara la solicitud del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) -en representación del Comité de Ministros- de suspender los efectos de la sentencia del 9 de diciembre del mismo tribunal.
Abogados expertos ven como improbable que un renovado Comité de Ministros vote el 31 de diciembre el proyecto.
En el dictamen, se acogió la reclamación de Andes Iron y se revocó el rechazo unánime que los ministros determinaron en enero de 2023 respecto al proyecto.
Así, mientras la Corte Suprema revisa el recurso de casación interpuesto por el SEA para impugnar la sentencia del 1TA, hoy la iniciativa cuenta con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada.
Si bien un abogado experto en estas materias comentó que la negativa es una práctica habitual del tribunal, la principal duda es qué pasa con la orden de la sentencia que apunta a que el Comité de Ministros debe volver a votar la iniciativa en un plazo de 15 días, esta vez, “con una integración de ministros que no se encuentren afectos a situaciones que comprometan su imparcialidad y probidad administrativa”.
Sobre todo, luego de que los seis jefes de Estado de la instancia se inhabilitaran para la próxima sesión que revise el caso. Además, realizaron una consulta a Contraloría General de la República (CGR) para resolver la composición y presidencia.
SUINA CHAHUÁN, SUBSECRETARIA DE MINERÍA. MAXIMILIANO PROAÑO, SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE. FOTOS: JULIO CASTRO Y ARCHIVO
Aunque el 31 de diciembre sería el plazo fatal para votar, los abogados expertos consultados para esta nota concordaron en que ven muy complejo que la fecha se cumpla. De hecho, indicaron que Contraloría podría demorar hasta un máximo de 12 meses en resolver, lo que abre la puerta a que la votación quede para un siguiente Gobierno.
“Es una maniobra para ganar tiempo”, comentó un abogado de la plaza que sigue de cerca el caso. Explicó que aunque se mantengan los efectos de la sentencia, al haberse inhabilitado, existe una imposibilidad jurídica de cumplir el fallo. “Incluso en el caso hipotético de que se exigiera el cumplimiento forzado de la sentencia, ¿quién se junta? ¿Quién preside? No saben, no tienen cómo cumplirla. Es una salida inteligente”.
“Inteligente”, porque según un especialista en derecho administrativo, de la casación del SEA presentada ante la Suprema “se puede concluir que a entendimiento del servicio, el Tribunal Ambiental sólo le dejó una opción al Comité de Ministros: aprobar el proyecto”. Y como esa no sería la intención del Gobierno, este resquicio permite no tener que dar su venia a Dominga.
Sin embargo, fuentes al interior de La Moneda dijeron que las motivaciones de recurrir a la CGR van por otro lado. El dictamen del Tribunal fue un duro golpe para las carteras que conforman el Comité, sobre todo para la de Medio Ambiente, que preside la instancia y cuya ministra, Maisa Rojas, fue acusada de infringir los principios de imparcialidad y confianza legítima al no inhabilitarse de la votación, pese a haberse referido previamente al proyecto.
Pero a Rojas la respalda un dictamen de Contraloría que determinó que sus declaraciones, previas a asumir en el cargo, “no permiten aseverar que vulneraron el deber de probidad en el ejercicio de sus funciones” en el Comité.
Ante la dicotomía entre lo zanjado por Contraloría y lo expuesto por el Tribunal Ambiental, el Gobierno no quiere exponerse a otro “bochorno”, por lo que esperará a que la entidad liderada por Dorothy Pérez se pronuncie sobre el tema para definir a los nuevos miembros.
Los ojos están puestos sobre el subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, quien, por sentido común, debiera tomar el puesto de Maisa Rojas, pero el polémico caso ha hecho aflorar la arqueología de redes sociales y de prensa, en busca de comentarios sobre Dominga que lo condenen, lo que reforzaría la postura del Ejecutivo de esperar y no llevar a otra autoridad que después pueda ser acusada de infringir la probidad.
En Minería, la candidata natural es la subsecratria Suina Chahuán, dado que la ministra Aurora Williams ya votó a favor del proyecto en el polémico Comité de Ministros de 2017, que generó el quiebre del equipo económico del segundo gobierno de Michelle Bachelet.
Mientras tanto, la Suprema revisa si acoge, o no, el recurso de casación del SEA. Ezio Costa, abogado de Oceana, una de las organizaciones detractoras del proyecto, y director ejecutivo de FIMA, comentó que “lo más probable es que no se meta en el fondo del asunto aún y espere a la nueva resolución del Comité”. Agregó: “El fallo del Tribunal Ambiental ha tensionado bastante a la institucionalidad, es algo peligroso”.
Cabe destacar que, aunque el Comité de Ministros renovado votara el 31 de este mes y aprobara el proyecto, a Dominga aún le restan unos 700 permisos ambientales antes de iniciar su construcción.
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