Caiga quién caiga. El directorio de Codelco encabezado por Juan Benavides está dando fuertes señales de que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias cuando detecta irregularidades.
Así quedó demostrado a fines de diciembre cuando presentaron una querella contra el expresidente ejecutivo, Nelson Pizarro, derivado de una cuestionada licitación para transporte de mineral en División Salvador y, más aún, con la ofensiva judicial lanzada esta semana en contra de dirigentes actuales y pasados de los sindicatos de Chuquicamata y Radomiro Tomic, buscando responsables por el delito de estafa en la contratación de seguros de vida que por 14 años mantuvieron con Chilena Consolidada, caso para el cual el Ministerio Público dijo ayer que podría designar un fiscal especial dada su relevancia.
Aunque en estricto rigor los casos no tienen un vínculo directo con la discusión que se lleva adelante con Contraloría desde 2017 respecto de las facultades de fiscalización del organismo sobre la empresa, en la industria ven que la estatal se juega parte importante de la autonomía que defiende en estos casos.
Fuentes de la industria estiman que Codelco tiene que mostrar que puede administrar sus problemas, a pesar que queden muchos heridos internos en el camino, lo que en parte se ve potenciado porque tiene un presidente de directorio relativamente nuevo y un presidente ejecutivo recién asumido hace unos meses, que no cargan con toda la discusión que se dio antes.
Además, todo el conflicto con Contraloría ha hecho que, al menos en el último año, Cochilco -que por ley debe fiscalizar a Codelco- haya cambiado su estilo para monitorear estos casos, donde el organismo está mucho más agresivo en las auditorias y en los requerimientos de información que realiza, explica otra fuente.
La llegada hace unos días de Marco Riveros como vicepresidente ejecutivo del organismo, un hombre cercano al Gobierno y al ministro de Minería, Baldo Prokurica, que fue candidato a diputado por RN en la década de 1990 y en la primera administración de Piñera estuvo como Fiscal de la Corfo, va en esta línea.
Cochilco ya estaba avanzando en un informe del impacto financiero del contrato de El Salvador por el movimiento de tierra, donde una de las derivadas es el caso de Pizarro.
El resultado de todo esto puede ayudar a inclinar la balanza en favor de que la fórmula de fortalecer esa comisión es la adecuada para terminar las disputas con Contraloría. Incluso al salir de La Moneda el martes, Prokurica señaló que pronto habría una propuesta concreta.
Otras fuentes de la industria destacan que el directorio, antes de que asumiera esta administración, venía dando pasos en temas de transparencia y probidad, pero la mesa actual ha sido más agresiva en las acciones. Así, dicen que el directorio no está tomando estas medidas como consecuencia directa de la presión de Contraloría, sino más bien porque han ido saliendo antecedentes concretos. "En casos de esta naturaleza no se pueden transar los costos que implica irse contra altos ejecutivos o sindicatos", resume.
Estatal pide actas de directorio de Chilena Consolidada donde se abordó el caso
Acceder a las actas de las sesiones de directorio de Chilena Consolidada donde se haya abordado la denuncia realizada por Codelco respecto de una eventual estafa en los contratos de seguros colectivos que se daban a sindicatos de trabajadores de Chuquicamata y Radomiro Tomic, pidió la estatal en el marco de una medida prejudicial que impulsó en el 29° Juzgado Civil de Santiago.
En el escrito de 15 páginas -presentado por el abogado Raimundo Labarca- adelanta que Codelco solicitará una indemnización de perjuicios por parte de la aseguradora relacionada a Zurich Insurance Group. El documento agrega que hace tres meses la firma le reconoció que hubo primas pagadas en exceso, por lo cual ofreció devolver lo correspondiente al período iniciado el 13 de agosto de 2018, lo que no fue aceptado por la estatal dado que los cobros indebidos venían desde 2005.
La minera también pidió acceso a todos los contratos entre Chilena Consolidada y la firma Gestión y Servicios, y Servisalud, dado que ellas eran las que cumplían la doble función de asesorar a los sindicatos para elegir la aseguradora y, a la vez, entregaban coberturas adicionales que Codelco denominó como "fantasmas".
Trabajadores se reunirán con Araneda
La inédita querella por desafuero interpuesta por la estatal en contra de dirigentes provocó una inmediata reacción de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC). Tras diversas reuniones sostenidas ayer, la organización liderada por Patricio Elgueta mostró un rechazo categórico a la acción, acusando una criminalización de la acción sindical "amparados en supuestos ilícitos".
"Como Federación confiamos en el planteamiento de los sindicatos aludidos y en la presunción de inocencia de sus dirigentes y la disposición declarada en aportar todos los antecedentes necesarios para el proceso de investigación judicial", señalaron en una declaración.
La FTC confirmó que se reunirán el 22 de enero con el presidente ejecutivo, Octavio Araneda, donde solicitarán antecedentes para resolver esta disputa. A juicio de fuentes sindicales, sería un error poner a los trabajadores como únicos responsables, considerando que las decisiones fueron visadas por ejecutivos.
Otros creen que la estrategia de la estatal apunta a desviar la atención de otros frentes internos, como la demanda contra Pizarro y la huelga de hambre que impulsan algunos trabajadores.
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