En las próximas dos semanas podría estar listo el texto final del proyecto de ley que busca corregir una falencia en la regulación del cierre de faenas, que afecta especialmente a las empresas de la mediana minería.
Si no se enmienda la redacción de la ley, las empresas de este segmento deberían constituir en lapsos muy acotados -de entre tres y cinco años- y con instrumentos monetarios muy líquidos, los recursos financieros para garantizar los procesos de cierre de sus operaciones.
Esto, porque la norma dice que la vida útil de los yacimientos se establece en base a “reservas” mineras. Pero, en la práctica, las firmas de este segmento utilizan el concepto “recursos”.
La abogada del estudio Eelaw, Paulina Riquelme, explica que, en términos simples, la diferencia de ambos conceptos es que para establecer las reservas, se necesita un programa de exploración y planificación intensivo, que es costoso. Así, la vida útil de una mediana minera podría ser de cinco años, cuando en realidad bajo el concepto de recursos se extendería por diez o más.
El gobierno anterior ingresó al Congreso una corrección que luego fue retirada por la nueva administración.
Un tema sensible es que la incorporación del concepto de recursos tendría implicancias sobre la gran minería. De hecho, trascendió que el Ministerio de Minería estaría en contacto con el Consejo Minero y con la Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras para afinar la redacción.
En la industria explican que el efecto que se busca evitar, es el impacto que la corrección tendría en la estimación de vida útil de las grandes mineras (aumentándola considerablemente), lo que al mismo tiempo diluiría el monto de la garantía financiera que están obligadas a constituir, lo que podría actuar como un beneficio sólo para este segmento.
Implementación
La ley de cierre de faenas fija un período de transición de dos años para que las firmas presenten y valoricen sus planes de cierre, lo que da paso a la conformación de las garantías. Ese período finaliza el 11 de noviembre.
Según datos del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), hay 120 faenas sobre las 10.000 ton/mes que deben presentar un plan bajo el régimen transitorio. A la fecha, ninguna empresa ha presentado alguno, pues ello implicaría que antes del cambio de la norma se active el plazo de seis meses previo al inicio de la obligación económica.
El servicio ha trabajado con la industria en la elaboración de guías para la formulación y valoración de los planes.
El director nacional del Sernageomin, Rodrigo Álvarez, destaca el avance de la institucionalidad en estos temas y dice que la entidad cuenta con un equipo de 80 profesionales en el Departamento de Gestión Ambiental y Cierre de Faenas.
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