Con un llamado a la cohesión en el gobierno, al trabajo en conjunto con el sector privado y a traducir en hechos los anuncios en pro de la inversión privada selló ayer la jornada el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú, Raul Jacob.
Luego de una semana de altos y bajos en la industria, de volatilidad en las acciones de las mineras y de reuniones y protestas -en reacción a un anuncio “arbitrario e ilegal” de la primera ministra, Mirtha Vásquez-, el ejecutivo se mostró satisfecho de que, desde el gobierno, se haya dado pie atrás en la intención de cerrar cuatro yacimientos que representan alrededor del 12% de la producción de oro y plata de ese país.
“El gobierno rectificó. Nosotros tenemos toda una institucionalidad para, justamente, ser predecibles en temas como los procesos de cierre de las operaciones mineras. Básicamente, es una facultad que no tiene la figura del primer ministro, así que por varios ángulos se estaba actuando de manera arbitraria e ilegal”, dijo en conversación con DF.
A su juicio, además del desconocimiento de la norma y de los procedimientos para este tipo de operaciones, tampoco se tomó en consideración el impacto real del cierre de estas minas.
Y es que, según cifras de su despacho, una medida como la planteada por Vásquez “terminaría con alrededor de 6.000 puestos de trabajo directos”. “Y por cada una de esas plazas en el sector minero, se tienen ocho puestos de trabajo en el resto de la economía. Entonces, son en total 54.000 puestos de trabajo que se ven afectados”, explicó Jacob.
Considerando además el efecto en impuestos, el director financiero de la minera Southern Perú estimó que “estamos hablando de unos 150 millones de soles; es decir, cerca de US$ 40 millones anuales”.
Mala señal
Más allá de asegurar que la postura de la primera ministra fue una mala señal para las empresas e inversionistas, Jacob aseguró que le preocupa mucho más que dentro del mismo gobierno no haya coherencia y cohesión.
Puso como ejemplo el hecho de que, tan solo 24 horas antes del anuncio de Vásquez, el presidente Pedro Castillo hiciera una invitación al sector privado a invertir en el país, en el marco del evento empresarial más importante en Perú.
“Debería haber una consistencia entre lo que hacen las distintas agencias y los miembros del poder. De lo contrario, se generan protestas como la que hicimos desde la Sociedad y que hicieron otros gremios empresariales”, apuntó.
Así, dijo, hacen “un llamado a llevar a cabo acciones concretas, coherentes y alineadas, que permitan aprovechar el buen momento que se está viviendo en cuanto a precios internacionales de los metales”. “En vez de estar discutiendo, podemos entrar a desarrollar proyectos y generar empleos”, señaló.
Ahora bien, la industria y el mismo gobierno aún tienen que enfrentar la histórica oposición de las comunidades a la minería.
Ayer comunidades de la región de Ayacucho -donde se ubican los cuatro yacimientos con planes de cierre- se mostraron dispuestos a retomar protestas si la administración Castillo incumple con el fin de las operaciones.
“Las minas ya tienen un plan de cierre y queremos que se ejecute”, dijo Julio Gutiérrez, presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Parinacochas. “Nuestro paro indefinido está solamente suspendido y lo reanudaremos”.
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